El juicio por las tarjetas 'black', visto para sentencia cuatro meses después

El juicio que ha sentado en el banquillo de los acusados a 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia por el uso presuntamente fraudulento hecho con las tarjetas black ha terminado con el último turno de palabra del que solo ha hecho uso el exministro socialista Virgilio Zapatero para defender su inocencia.

El que fuera vicepresidente de Caja Madrid ha pedido al tribunal que preside la magistrada Angela Murillo que tenga en cuenta la devolución que hizo de la compra de un viaje personal y que al darse cuenta que efectuó con la Visa de la entidad devolvió, algo que a su juicio prueba "la buena fe" de su comportamiento y la "mesura" en la utilización de este instrumento de pago.

Zapatero, que cargó 35.988 euros a su plástico ha dicho que "a pesar del ruido y la furia que el proceso provoca en la opinión pública", confía en que la sala pueda encontrar una "solución justa" y "pondrá fin al calvario y a los 739 días de pesadilla vividos", denunciado así el juicio mediático que dicen las defensas que han padecido los acusados.

El procedimiento, que acoge la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal y que arrancó el pasado 26 de septiembre, queda visto para sentencia tras veintiséis sesiones en las que las acusaciones han denunciado que los beneficiarios hicieron un uso personal de las tarjetas otorgadas para gastos de representación mientras que las defensas han expuesto que las recibieron como complemento retributivo.

Se trata de una tesis compartida por los acusados quienes en el interrogatorio al que fueron sometidos alegaron que se trataba de un sistema heredado (fue creado el 24 de mayo de 1988 bajo un acuerdo del Consejo de Administración), que les entregaban la Visa a su llegada a la caja y sin pedirla y que era, en la mayoría de ocasiones, el secretario general de la entidad el que les explicaba las condiciones de uso y el límite mensual que tenían.

El tribunal tiene ahora que dirimir la naturaleza de estas tarjetas para concluir si los acusados incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por emplear estos plásticos para gastos personales. En concreto cargaron a sus plásticos compras en artículos de lujo, viajes, menaje del hogar, safaris y restaurantes por valor de 15 millones de euros entre 1999 y 2012.

Se trata de uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos ya que sientan en el banquillo de los acusados a Miguel Blesa, Rodrigo Rato, Ildefonso Sánchez Barcoj y una importante representación de políticos de todos los partidos (José Manuel Fernández Norniella, Ramón Espinar, Moral Santín), líderes de la patronal (Gerardo Díaz-Ferrán, Arturo Fernández) y sindicales (Ricardo Martínez o Rafael Eduardo Torres Posada), entre otros.

LAS TARJETAS DEL PILLAJE Y LA RAPIÑA

La Fiscalía pide penas de prisión que oscilan entre seis años y uno. En su informe de conclusiones finales no modificó la petición para Blesa (seis años) ni para Rato (cuatro y medio) pero sí aplicó la atenuante de reparación del daño a consejeros y altos cargos por devolver las cantidades gastadas durante el proceso de instrucción de la causa.

Las declaraciones que más expectación suscitaron fueron las de Miguel Blesa, a quien el Ministerio Fiscal acusa de ser el principal responsable de esta práctica opaca, y Rodrigo Rato. Los dos expresidentes de la caja extinta explicaron ante el tribunal que preside la magistrada Angela Murillo que se trataba de un sistema común el sector financiero y que creía que los gastos los declaraba la entidad a Hacienda, por lo que los supervisores estaban al corriente de la práctica.

Aunque no todos coinciden en la descripción de las tarjetas y la finalidad de las mismas (algunas no tenían PIN ni tampoco tenían acceso a los extractos) sí exponen en su mayoría que se trataba de unos plásticos de carácter remuneratorio, con límite mensual y que podían emplear hasta incluso varios meses después de abandonar Caja Madrid.

Una versión que choca con la manifiesta en el juicio por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien durante el interrogatorio a los acusados les afeó los gastos personales en los que muchos incurrieron en el uso de su Visa. También reivindicó el papel de Bankia para ejercer la acusación particular y vinculó esta práctica con el rescate de la entidad afirmando que todos los españoles tuvieron vela en el entierro.

LA HOJA EXCEL, LA GRAN PROTAGONISTA

La hoja Excel presentada como prueba por Bankia que desglosa los cargos por valor de 12,5 millones de euros efectuados durante estos años por los altos cargos, ha sido la protagonista del juicio ya que, si bien para las acusaciones tiene valor documental y demuestra que se hizo un uso ilícito de las 'black', los acusados rechazaban otorgarle valor jurídico y se niegan a conocer la veracidad de los datos.

Al hilo, también han deslegitimado a la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri para ejercer la acusación porque no la consideran heredera de Caja Madrid (sí lo hacen con la Fundación MonteMadrid). Tanto Bankia como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se disputan el dinero gastado con las tarjetas según expusieron en los informes finales donde se presentaron como las únicas damnificadas por esta práctica que se extendió desde 1988 hasta 2012.

Entre los testigos que declararon ante el tribunal cobraron especial relevancia las declaraciones de Jaime Terceiro, presidente de la caja entre 1988 y 1996 y Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia y que rechazó emplear la Visa que recibió a su llegada a la entidad nacionalizada. Así Terceiro defendió que las tarjetas se crearon "exclusivamente" para gastos de representación, que se trataba de un sistema transparente que se oscureció cuando abandonó la entidad y le sucedió Blesa en la presidencia.

Francisco Verdú, por su parte, se negó a emplear la Visa porque era unan "mala praxis" e incluso advirtió a Rodrigo Rato de que era un instrumento ilegal que le podría traer problemas. Del que fuera vicepresidente del Gobierno apuntó además que estaba preocupado por el Real Decreto 2/2012 que limitaba el salario de los directivos de entidades rescatadas.