Un juzgado de Toledo investigará las cuentas de la hípica de Bono

El juzgado número seis ha admitido a trámite una querella criminal por delito societario y falsedad en los balances contables en el negocio hípico "La Almenara", propiedad del presidente del Congreso.

La querella fue presentada por la asociación "Ciudadanía Anticorrupción", al descubrir que en las cuentas de la sociedad no se había registrado el crecimiento en las instalaciones, obras en las que se habían invertido 600.000 €.

El auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo se concreta que el objetivo de la investigación abierta es "verificar" los hechos denunciados ya que, "a priori, no se puede excluir el carácter delictivo de las conductas atribuidas a los querellados".

El juez señala que además de un perjuicio por presunto falseamiento de las cuentas a los socios de la hípica, este caso "atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara es actualmente un alto dignatario de Estado", según Abc.es.

El juez acepta a trámite esta querella en contra del criterio de la Fiscalía, que no ve delito ni perjuicio para el interés general alegando que el socio mayoritario, José Bono, es "una sola persona física".

El diputado nacional del PSOE por Toledo Alejandro Alonso ha recordado que el Tribunal Supremo ha avalado la "honorabilidad" de Bono, hasta en seis ocasiones y ha dicho que la querella contra los administradores de la hípica del ex presidente regional responde a una intención política.

A juicio de Alonso, la querella "tiene más intención política para dañar a Bono y al PSOE", que interés judicial.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado hoy que la fiscalía será "implacable" en todos los casos de corrupción y ha mantenido que "lo seguirá siendo venga de donde venga la corrupción".

El fiscal general del Estado ha añadido que "es un tema que corresponde a la fiscalía provincial de Toledo y será el fiscal provincial de Toledo el que, a partir de criterios jurídicos y profesionales, marque la posición de la fiscalía".

"En este caso, como en otros, el Fiscal General del Estado está a disposición de los fiscales competentes en el caso", ha dicho Conde-Pumpido.