Las defensas de los usuarios de las "black" de Caja Madrid, entre ellas las de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, exponen este viernes sus conclusiones después de que las acusaciones hayan mantenido que el sistema era "ilegal y opaco".
El letrado del expresidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 Miguel Blesa ha argumentado este viernes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga si hubo o no uso fraudulento de las tarjetas 'black' que los 65 investigados han sido "ipso facto laminados" en el proceso judicial y que lo que se ha buscado ha sido "cortarles la cabeza" con una "condena anticipada".
Así se ha expresado Carlos Aguilar en esta décimo octava sesión dedicada a la exposición de conclusiones en la que ha asegurado que argumentar que se instauró un sistema clandestino con el uso de las visas es "faltar a la verdad" y se ha remitido al acuerdo del 24 de mayo de 1988 de nacimiento de las 'black'. "Ese es el corpus societario en el que se ha de basar las resoluciones de la sala", ha sentenciado.
CORTAR CABEZAS PRIMERO Y LUEGO JUZGAR
"Se consigue que les corte la cabeza; ya tendremos luego ocasión de juzgarles. Eso es lo que se ha buscado aquí", ha dicho el letrado citando a la novela 'Alicia en el país de las maravillas', para añadir que los 65 exaltos cargos y directivos que hicieron uso de las black y que se enfrentan a delito continuado de apropiación indebida, han recibido una condena anticipada.
"La contabilización de estas tarjetas ha sido exactamente la misma desde mayo de 1988 hasta 2012; nunca se ha variado porque el sistema ha sido el mismo y era perfectamente conocible y accesible a cualquiera que tenía la obligación de revisarlo", ha expuesto responsabilizando del nacimiento de esta práctica al antecesor de Blesa, Jaime Terceiro.
PRUEBAS MANIPULADAS
El letrado ha alegado ante el tribunal que preside la magistrada Angela Murillo que las acusaciones han empleado las pruebas presentadas --especialmente el informe de auditoría de Bankia elaborado por KPMG y la hoja Excel con el desglose de gastos-- "de manera indebida y sin respeto a la buena fe".
Dichas pruebas presentadas por Bankia ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal, que ejerce la acusación particular, están "manipuladas" y no tiene elemento probatorio. "En absoluto existe una prueba legítima de cargo", ha alegado par añadir que este proceso judicial tiene un origen "ciertamente oscuro".
El Ministerio Fiscal no aplicó la atenuante de reparación de daño a Blesa para el que pide seis años de prisión por cargar a su tarjeta 436.688 euros. El exdirectivo precisó en su declaración ante el tribunal que su tarjetas era de libre disposición y que los organismos reguladores nunca pusieron tacha a esta práctica.
LA DEFENSA DE RATO CARGA CONTRA BANKIA
Por su parte, Ignacio Ayala, letrado del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, ha cargado este viernes en la ronda de conclusiones del juicio de las tarjetas 'black' contra la entidad nacionalizada alegando que la hoja Excel entregada al tribunal no puede considerarse como prueba pericial y al respecto le ha espetado que tiene muy difícil probar la culpabilidad de los 65 exaltos cargos y directivos encausados en este proceso.
En su opinión, la falta de acuerdo entre las acusaciones particulares --ejercidas por Bankia y el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB)-- que reivindican el dinero gastado por las visas, pone de manifiesto una "crisis de identidad" que viene a dar la razón a las defensas y expone que "una de las dos sobra en el juicio".
También ha denunciado ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que hoy celebra la décimo octava sesión de juicio, que "nadie se ha entretenido en decir por qué" el uso de las tarjetas presuntamente opacas incurrió en delito continuado de apropiación indebida o administración desleal, que es lo que se le imputa a los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia.
NO ES UN EXTRACTO BANCARIO
El letrado de Rato ha dicho que la prueba aportada por Bankia, consistente en una hoja Excel con el desglose de los gastos, no es "pacífica" y por tanto se pone en duda "incluso por los propios acusadores". "Desde el punto de vista jurídico no puede mantenerse que estemos ante un extracto bancario y que constituya un documento mercantil", ha dicho sobre la hoja que se incorporó a la causa en la fase de instrucción.
Al respecto ha añadido que este documento es un volcado "que ha enseñado un poquito" (en referencia a que no incluyó toda la información) y que no se corresponde con los datos originales. En concreto ha hecho referencia al desglose, impugnado al unísono por los 65 procesados, y que recoge las compras efectuadas por un valor total de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012.
Además ha dicho que en este juicio se habla de "remuneraciones" de los directivos y consejeros "ya existente desde antes de 2010", y no de gastos de representación. En su opinión, la tesis de las acusaciones es "lineal y simple" y ha advertido de que la tentación de simplificar es distinto a explicar las cosas con sencillez.
El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, no aplicó la atenuante de reparación de daño al expresidente del FMI para el que pide cuatro años y medio de prisión por el uso hecho con su visa, a la que cargó 99.054 euros, y por no poner fin a una práctica, que, según expuso, se convirtió en un sistema opaco de retribución para los beneficiarios de las visas.
Se trata de la décimo octava sesión de juicio en el que se dirime si los 65 encausados cometieron o no delito por el uso de las tarjetas presuntamente opacas y a las que cargaron compras en joyerías, restaurantes, menaje o artículos de lujo y personales por valor de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012.
