Fin a los coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2040

La futura Ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno trae novedades importantes. Apunten: incluye el fin de todos los permisos de hidrocarburos, la prohibición del fracking más allá de 2040, el fin de los subsidios económicos a energías fósiles y la prohibición de matricular vehículos emisores de CO2 (incluidos los híbridos) después de esa fecha. Esta última implica que ya no se venderán coches que utilicen combustibles fósiles (gasolina y diésel).

La norma establece que el sistema eléctrico español se deberá basar exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050 y en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 90% con respecto a los niveles de 1990.

La ley que prepara el Ejecutivo pretende asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y garantizar la total descarbonización de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI, según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en un encuentro con periodistas.

La normativa pretende dar un impulso "decidido" a las energías renovables, y para ello planea impulsar, entre los años 2020 y 2030, la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El Gobierno quiere poner fin definitivamente al uso de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero (como el carbón) y ha planeado que cuando entre en vigor la ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos. Asimismo, no se podrá tampoco desarrollar actividades de "fractura hidráulica" (fracking) para la explotación de hidrocarburos.

La Ley, según las mismas fuentes del Miteco, incluirá un amplio apartado para asegurar una "transición justa" y para ello el Gobierno ha previsto la firma de "contratos" en los que participen las administraciones públicas, las entidades locales de las áreas geográficas "vulnerables", empresas, sindicatos, universidades, asociaciones o las ong.