En libertad el alcalde de Granada a la espera de que juez le cite a declarar

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), ha quedado en libertad tras ser interrogado por la Policía que le mantiene en calidad de investigado a la espera de que el juez decida si le llama a declarar por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística en esta ciudad.

Fuentes de la investigación han explicado que, tras ser detenido y asistir al registro tanto de su domicilio como del Ayuntamiento, Torres Hurtado ha sido trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental.

Pocas horas después, el regidor ha abandonado las dependencias policiales en calidad de investigado. Será ahora el juez que dirige las diligencias abiertas el que decida si le llama a declarar en los próximos días.

Junto a Torres Hurtado, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detenido a otras 15 personas, entre las que figuran la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, responsables de este área y algunos empresarios por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en Granada.

Según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las detenciones y registros practicados -más de una veintena- se producen en el marco de una investigación sobre la existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada, concretamente en su área de Urbanismo, en virtud de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente.

TORRES HURTADO DEFIENDE SU INOCENCIA Y DICE DESCONOCER LOS MOTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), ha defendido este miércoles su "honradez" y ha anunciado que no dimitirá al mostrarse "convencido" de que "no hay ni ha habido corrupción" en la gestión del equipo de gobierno ni de los funcionarios que están siendo investigados.

El regidor ha realizado estas declaraciones tras quedar en libertad con cargos después de haber declarado por su presunta implicación en una trama corrupta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento por la que están siendo investigadas un total de 17 personas, entre ellas la concejal del Urbanismo, Isabel Nieto.

Torres Hurtado ha lamentado el "espectáculo mediático que se ha montado" con esta operación y ha achacado los hechos al "acoso político" al que se está viendo sometido, según ha dicho, en los últimos años.

El alcalde de Granada ha asegurado en rueda de prensa que desconoce los motivos por los que está siendo investigado y ha dicho que nadie de su partido le ha pedido que presente la dimisión.

Por su parte, la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, se ha mostrado este miércoles "indignada" por los métodos utilizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras ser detenida. En declaraciones a los periodistas tras prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, Nieto ha señalado a los periodistas que desconoce las razones por las que ha sido arrestada y ha explicado que los agentes han registrado su despacho en la sede de Urbanismo y se han llevado algunas de sus notas.

Según ha mantenido, los agentes le han informado de que las actuaciones están bajo secreto, con lo que no le han comunicado nada al respecto, aunque ella ha deducido que se trata de algún asunto relacionado con el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), ya que buscaban expedientes relacionados con el mismo.

Nieto, que tendrá que declarar por este asunto de nuevo en sede judicial, ha dicho no estar asustada, sino "indignada" por los métodos utilizados, ya que no tiene conocimiento de qué se le acusa. "Imagino que algún chalado ha denunciado lo que sea", ha considerado la concejal.

EL PP LES SUSPENDE DE MILITANCIA

El PP ha suspendido provisionalmente de militancia al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y a la concejal de Urbanismo de esta corporación, Isabel Nieto, investigados por supuestas actuaciones urbanísticas irregulares. La decisión de suspender cautelarmente de militancia a ambos ha sido adoptada por el presidente y el secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, ha informado este partido en un comunicado.

El PP explica que el presidente de este órgano del partido, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario del mismo, Juan Carlos Vera, han sido los encargados de adoptar esta decisión "por razones de urgencia y en base al artículo 18.7 de los estatutos del partido".

Será en la primera reunión del Comité Nacional de Derechos y Garantías cuando se ratificará dicha suspensión, se abrirá el correspondiente expediente y se nombrará a un instructor del mismo.

CIUDADANOS SE PLANTA Y EL PSOE PIDE DIMISIONES

Precisamente, su detención y la del alcalde han llevado hoy a Ciudadanos a anunciar que cortan "radicalmente" toda relación y comunicación con el PP en el Ayuntamiento y que promoverán un cambio político en el Consistorio, ha dicho el diputado nacional y portavoz municipal de esta formación, Luis Salvador, que no obstante ha considerado "complejo" llevarlo a cabo dada la composición de la corporación (11 ediles del PP, 8 del PSOE, 4 de C's, 3 de Vamos Granada -Podemos- y uno de IU).

A este asunto también se ha referido el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Prada, quien ha señalado que de confirmarse las acusaciones contra el alcalde de Granada, los socialistas pedirán su "inmediata dimisión", aunque ha descartado por el momento impulsar un cambio político en el Ayuntamiento.

En el ámbito municipal, el grupo municipal del PSOE en Granada ha expresado su "extrema preocupación" ante el arresto del alcalde, aunque ha dicho que "no es día" de hablar de una posible moción de censura, de la que sí es partidario IU, mientras que Podemos considera "inhabilitado" al gobierno local.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido prudencia en relación a la investigación, dado que se encuentra bajo secreto de sumario, y ha señalado que los hechos se derivan de un procedimiento judicial abierto como consecuencia de una serie de denuncias, si bien, ha incidido en que en este caso la actuación de la Policía Nacional se limita a prestar los servicios solicitados por el juez.