El fiscal mantiene la acusación de terrorismo para los agresores de Alsasua

El fiscal ha mantenido hoy las penas por terrorismo para los ochos presuntos agresores de dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), que encarnan "lo peor de la naturaleza humana" con su actuación fascista, al considerar que molieron "a palos" a los agentes siguiendo una estrategia de ETA. En la novena jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, el fiscal José Perals y las acusaciones han expuesto sus conclusiones y han mantenido la petición de que se les apliquen penas para actos terroristas. Así, los ocho jóvenes se enfrentan a peticiones fiscales de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel, pero Perals ha rebajado sus penas alternativas (para el caso de que el tribunal no crea probado que la acción fue planificada), en las que solo mantiene un delito de terrorismo y que quedan ahora en una horquilla de entre 6 años y medio y 17 años y medio de prisión.

Para el fiscal, lo ocurrido en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra obedece a la estrategia que ETA instauró en los años 80 del siglo pasado con el movimiento Alde Hemendik (Fuera de aquí) para echar a las fuerzas de seguridad estatales del País Vasco y Navarra.

"Consideramos -ha asegurado- que si no se aprecia terrorismo en casos como estos retrocederíamos 20 años, a aquellos momentos en los que Segi y Jarrai y Haika campaban a sus anchas por los pueblos del País Vasco y Navarra y algunos decían que eran cosas de los chicos de la gasolina, de la kale borroka (violencia callejera)".

Los agresores encarnan, además, "lo peor de la naturaleza humana y lo que desgraciadamente llevó a la Europa del siglo pasado a una de las mayores atrocidades y eso lo estamos viendo aquí en España en el siglo XXI, a gente que pide que otros se vayan de su pueblo; es la xenofobia, el racismo y el fascismo en estado puro tal como hemos visto en el juicio".

Considera Perals probado en el juicio que los hechos no fueron "una pelea de bar ni una trifulca, sino una acción planificada" para agredir a los guardias civiles y a sus parejas.

Unas acciones "herencia del terrorismo de baja intensidad" encargado por ETA y asumido por organizaciones juveniles como Ospa (Fuera), el movimiento sucesor de Alde Hemendik que nació en Alsasua y otros pueblos en 2011, justo en el año en que la banda anunció el cese de la violencia.

Según su versión, como en Alsasua no consiguieron echar a los agentes, pasaron a los golpes y eso es lo que "distingue los actos políticos de lo que ha ocurrido en este caso: terrorismo".

El fiscal sitúa a dos de los principales acusados, Jokin Unamuno y Adur Ramírez, como impulsores de Ospa en Alsasua y emplaza a los ocho en diferentes actos relacionados con este movimiento.

Perals ha centrado parte de su alegato en las novias de los guardias que declararon que "tenían mucho miedo a no poder reconocer que tenían un novio, a no poder pasear por el pueblo en el que querían vivir, a poder comprar el pan y a expresarse libremente", testimonios que recuerdan "a las víctimas del terrorismo de siempre". "Esa es la parte visible del terror que ha imperado en el País Vasco y Navarra desde hace muchísimos años y que por lo visto sigue existiendo", ha advertido.

También ha criticado la reacción de las autoridades de Alsasua, ya que la agresión tuvo "el apoyo de políticos melifluos pero también peligrosos, porque visitan a las familias de los acusados pero no a las de las víctimas".

"No queremos que vengan dentro de veinte años a pedir perdón porque entonces no valdrá. Es ahora cuando se precisan hombres y mujeres de talla que den un paso adelante y estén con todas las personas que sufren", ha añadido al respecto.

El fiscal ha concluido su alegato pidiendo a la sala "que no tema poner una sentencia que considere los hechos como son, terrorismo", ya que "gracias a juicios como este se ha conseguido erradicar una organización terrorista".

También han expuesto hoy sus conclusiones el resto de acusaciones: la Abogacía del Estado en representación de los dos agentes, el abogado de las dos mujeres afectadas, la asociación de víctimas Covite y la AUGC, que han mantenido sus peticiones por terrorismo.

El juicio proseguirá el jueves 3 de mayo con las conclusiones de las defensas, que hoy han reiterado su petición de que se absuelva a los acusados.