ERC, ICV-EUiA y la CUP, por un lado, y el PPC y Ciutadans, por otro, han registrado hoy en el Parlament sendas solicitudes para crear una comisión de investigación sobre el caso Pujol, y urgen a que se cree cuanto antes tanto para esclarecer el origen de su fortuna como la corrupción política en Cataluña.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido también a esta iniciativa de la que ha dicho que ve "más que razonable" que se constituya una comisión de investigación en el Parlament sobre el caso Pujol, en la que se "llegue hasta el final" y se "diriman las responsabilidades políticas" que sean necesarias.
"Me parece más que razonable que haya una comisión de investigación en el Parlament para aclarar los hechos vinculados a la figura de una personalidad política tan marcada y muy influyente en la vida política catalana como ha sido el expresidente Jordi Pujol".
Para que prospere alguna de estas dos solicitudes, que tienen algunas diferencias en cuanto a sus objetivos, se necesita mayoría simple cuando la propuesta se vote en el pleno del Parlament (más votos a favor que en contra), aunque tanto el PSC como Ciutadans ya han manifestado su intención de apoyar, en principio, la petición de ERC, ICV-EUiA y la CUP, por lo que dependería de la postura del PPC durante la votación para que esta pueda crearse.
La solicitud conjunta de ERC, ICV-EUiA y la CUP tiene por objetivo "evaluar e investigar", en el contexto del caso Pujol, las diversas modalidades de fraude y evasión fiscal y determinar "prácticas" de corrupción relacionadas con la contratación de obra pública, para depurar responsabilidades "políticas e institucionales en las últimas décadas".
Por su parte, la solicitud del PPC y Ciutadans quiere esclarecer la existencia de cuentas corrientes bancarias en paraísos fiscales "a nombres de cargos públicos de la Generalitat, su enriquecimiento ilícito y/o el cobro de comisiones ilegales"·
No obstante, tanto unos como otros, urgen a que se cree "lo antes posible" esta comisión de investigación tras la confesión de Pujol, que califican de "hechos muy graves", el día en el que el expresidente de la Generalitat se ha remitido al comunicado que envió ayer a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, para notificar su disposición a comparecer en la cámara catalana a partir del 22 de septiembre.
La portavoz de ICV-EUiA en la cámara catalana, Dolors Camats, ha explicado que esta comisión de investigación es "imprescindible" y no sustituye "en absoluto" a la petición aprobada ayer por unanimidad para que comparezca el expresidente catalán, por lo que si finalmente no compareciese sería una "falta de respeto" hacia la cámara catalana.
Por su parte, el diputado de la CUP David Fernández ha subrayado la necesidad de estudiar la "dimensión" del fraude fiscal en Cataluña, así como de "cartografiar el mapa" de la corrupción vinculada a la contratación de la obra pública tras la confesión de Jordi Pujol, que ha estado "mintiendo y defraudando durante más de 30 años".
Desde el PPC, su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado que en CiU "están desesperados" ante una posible comisión de investigación que pueda "salpicar" a miembros del partido": CiU "merece una investigación no solamente judicial, sino parlamentaria y tributaria", ha agregado.
El portavoz del PSC, Maurici Lucena, ha restado importancia al hecho de que finalmente su partido no haya firmado la solicitud de ERC, ICV-EUiA y la CUP, y ha avanzado que los socialistas apoyaran cualquier iniciativa parlamentaria en forma de comisión que sirva para "arrojar luz" tras los "gravísimos hechos" de la confesión de Pujol.
Por parte del Govern, su vicepresidenta, Joana Ortega, ha asegurado que el proceso catalán "está por encima" de las personas, y ha reprochado a la oposición que solicite una comisión de investigación parlamentaria entes de escuchar al expresidente de la Generalitat.
El caso Pujol ha llegado, incluso, hasta el mundo sindical, y CCOO se ha sumado a la querella de colectivos y partidos de izquierda, como Guanyem, Podemos e ICV, en la que pide a la Audiencia Nacional que investigue al medio centenar de empresas que controla la familia Pujol, especialmente las que se beneficiaron de adjudicaciones públicas.
