La presidenta del Tribunal Constitucional abronca a los diputados y pide un nuevo sistema de elección

La presidenta saliente del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, ha utilizado su último discurso en el cargo, durante la toma de posesión de los nuevos magistrados elegidos por el Senado, para criticar el ambiente de crispación política en torno a las últimas decisiones de este órgano y abroncar a los parlamentarios por su tardanza en realizar la renovación del mismo. Ha afirmado que "si los procedimientos previstos por los reglamentos de las Cámaras no consiguen que se cumpla la Constitución, habrá que modificarlos".

En presencia de los ministros de Justicia y Presidencia, Francisco Caamaño y Ramón Jáuregui; de la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, y de los más altos representantes de la judicatura, la presidenta ha señalado que "sin atribuir culpas ni repartir responsabilidades" la actual situación de este órgano supone un "incumplimiento grave" de la Constitución, que exige que los miembros del tribunal se renueven por terceras partes cada tres años.

Casas ha añadido que la legitimidad de los magistrados constitucionales "se ve empañada si las designaciones no se llevan a cabo en el momento previsto por la Constitución y quedan embarradas por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento".

Ha afirmado que hay que celebrar la renovación parcial del tribunal tras la entrada, con tres años de retraso sobre lo legalmente establecido, de los magistrados Francisco José Hernando, Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos. "La celebración, sin embargo, no es completa", según Casas. Así, Casas ha explicado que la renovación se ha producido con el mayor retraso en la historia de este órgano y aún está pendiente por el Congreso la de los magistrados cuyo mandato concluyó el pasado noviembre y la que cubrirá la vacante que dejó el fallecimiento en 2008 de Roberto García-Calvo. Del fallecido magistrado ha destacado su servicio al tribunal y su pasión por la vida. "La tristeza por su muerte se ahonda ante la constancia de que el Congreso de los Diputados no ha encontrado el tiempo preciso para cubrir su vacante".

Esta circunstancia irregular del tribunal también ha sido puesta de manifiesto por el nuevo presidente el funciones, Javier Delgado, quien tras tomar el relevo ha Casas declaró constituido el nuevo Tribunal Constitucional "dejando constancia de lo anómalo de su situación".

DISCURSO CRITICO Y EMOTIVO

La búsqueda de consenso en el Parlamento no permite retrasar sin límite las renovaciones impuestas por la Constitución, a juicio de Casas, que se ha despedido señalando que el discurso de este miércoles marca un "jalón" importante en su vida. "Doce años son muchos y los he vivido intensamente, no los cambiaría por nada. Aquí los dejo pero los llevaré siempre en la memoria" ha señalado en una parte de su discurso en el que su voz ha sonado notablemente quebrada por lo emotivo de la situación.

También se ha referido la presidenta saliente a la independencia de los magistrados de este órgano, de los que ha dicho que se encuentran solos antes su ciencia y su conciencia. "No representamos a nadie, ni al órgano que nos ha elegido, ni a la fuerza parlamentaria que tomó la iniciativa de proponer nuestro nombre como candidato, ni al lugar donde nacimos o donde hemos desarrollado la vida profesional", ha añadido.

PRESENCIA DE LOPEZ

En el acto estuvieron presentes, además de los ministros y portavoces antes señalados, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, la práctica totalidad de vocales del órgano de gobierno de los jueces y otros representantes de la judicatura.

En el acto de este martes ha destacado igualmente la presencia del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, que aspira a ser designado magistrado del TC a propuesta del PP. Esta candidatura constituye actualmente el mayor escollo a la hora de desbloquear las renovaciones en el Congreso por la negativa del PSOE a aceptar la propuesta.

ESTATUT

Casas también ha dedicado unas palabras al recurso presentado contra el Estatuto catalán, criticando "el grado de crispación" que ha rodeado a este procedimiento, y ha añadido que ha podido demostrarse que el TC puede enjuiciar todas las leyes, "lo cual no resta un ápice de interés al debate abierto sobre la conveniencia de reintroducir la figura del control previo de constitucionalidad para el caso específico de las normas que van a ser sometidas a referéndum".

Ha reconocido que esta sentencia está sometida, como todas las resoluciones del tribunal, a la crítica, si bien "razón distinta es si la crítica (...) se agota en un mero improperio o en una descalificación global contra la sentencia o el tribunal que la ha pronunciado".

A este respecto ha señalado, sin citar a nadie en concreto, que "convendría que cuando una persona, en el ejercicio de su cargo público, realiza declaraciones lo haga con mesura y el respeto institucional que ella misma merece". Igualmente, ha criticado el uso abusivo de la figura de la recusación de los magistrados constitucionales, como el que se dio en la tramitación de la causa del Estatut.

AUN HAY POCAS MUJERES

María Emilia Casas ha alabado la labor de los tres magistrados que junto con ella hoy abandonan el tribunal constitucional (Vicente Conde, Jorge Rodrígez-Zapata y Guillermo Jiménez), y se ha congratulado de la incorporación de la magistrada Asuá, la cuarta mujer que desempeña el cargo de un total de 49 magistrados que ha tenido este tribunal en su historia. "Este dato debería ser motivo de reflexión", ha añadido.

En su balance, Casas ha destacado que desde junio de 2004 el TC ha enjuiciado 156 leyes de Cortes generales y otras normas con rango de ley del Estado y 126 leyes y otras disposiciones legales de las Comunidades Autónomas. Asimismo, ha indicado que "el tribunal ha dedicado una atención constante a mantener el equilibrio constitucional del Estado de las autonomías" diseñado en la Carta Magna.