El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido dejar en prisión al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquin Forn y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, y fijar fianzas de 100.000 euros para los otros seis exconsellers. Para el resto de investigados implicados en el 'procés' que derivó en la declaración unilateral de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, el juez ha acordado una fianza de 100.000 euros para cada uno de ellos, que ya ha sido depositada y queha permitido su liberrtad provisional.
RIESGO DE REITERACIÓN DELICTIVA Y ACCIONES VIOLENTAS
El juez considera que no hay riesgo de fuga, pero sí aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart. A su juicio, "sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella".
El auto del Supremo identifica riesgo de que lideren una nueva "explosión violenta" como el "cerco" a la Consejería de Economía. Los cuatro citados lideraron "el asedio que decenas de miles de manifestantes hicieron a la comisión judicial" que registró la citada consejería catalana y dirigieron "a las masas durante las 19 horas que duró el cerco", el pasado 20 de septiembre.
"Los Jordis" dirigieron la operación y Junqueras acudió luego a donde se producían estos "hechos violentos", que "se vieron propiciados porque las fuerzas encargadas del orden público", bajo la responsabilidad de Forn, no lo impidieron.
"Esta posición de dominio se constata en otras muchas movilizaciones", añade el magistrado que firma el auto, Pablo Llarena: las que impidieron el registro de Unipost, las que cortaron carreteras o las que "construyeron murallas humanas que defendieron de forma activa los centros de votación haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales", cita.
LIDERARON MOVILIZACIONES VIOLENTAS
Estas afirmaciones del juez son coherentes con otros autos en los que el magistrado ha ido dibujando un procesamiento de los inculpados por el delito de rebelión, una conspiración en cuya cúspide parece situar a Oriol Junqueras, junto a los otros. Como miembros del comité estratégico, Junqueras, Sánchez y Cuixart dirigieron "unas movilizaciones violentas" que se materializaron en "una violenta explosión social", dice.
Una observación provisional de los hechos, ha dejado dicho también el magistrado anteriormente, permite calificarlos como delito de rebelión, que castiga con penas de hasta 30 años a los que "se alzaren violenta y públicamente" para fines como "declarar la independencia".
Los otros seis (los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Rull y Josep Turull) podrán salir de prisión si pagan 100.000 euros de fianza, pero les imponen comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte
El magistrado ha citado a las partes a las 9.00 horas de este lunes para comunicarles la decisión que ha tomado después de que el pasado viernes les tomase declaración para estudiar la situación personal de cada uno de ellos. De este modo, el juez Llarena no ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox de mantenerles en prisión.
EN PRISIÓN DESDE OCTUBRE
La juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó su ingreso en prisión tras interrogarles cuando llevaba la causa relativa a la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña, el pasado 27 de octubre.
Los exconsejeros se encuentran en prisión provisional desde el pasado 2 de noviembre, día en el que declararon ante la juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los representantes de las asociaciones catalanas están encarcelados desde el 16 de octubre, cuando, también, comparecieron ante la misma magistrada, pero por el delito de sedición, en relación a los acontecimientos que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre ante la Consejería de Economía de la Generalitat en Barcelona.
Una vez que el magistrado decidió acumular todas las causas abiertas por el 'procés' --dejando sólo las actuaciones del que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, investigados por los mismos hechos que Sànchez y Cuixart-- los querellados solicitaron declarar para convencer al magistrado del Supremo para que modificara estas medidas cautelares y les dejara en libertad.
ROMEVE, MUNDÓ, RULL Y TURULL SALEN DE PRISIÓN TRAS PAGAR SUS FIANZAS
Los exconsellers de la Generalitat Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull y Jordi Turull han salido a las 18,33 horas de la prisión de Estremera (Madrid) tras pagar las fianzas que les impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Un grupo de familiares y una delegación de diputados, senadores y cargos de ERC y del PDeCAT les han recibido entre aplausos a su salida del centro penitenciario, en el que ingresaron el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación en relación con el proceso independentista en Cataluña.
El juez ha acordado hoy la puesta en libertad de todos ellos tras depositar una fianza de 100.000 euros, aunque les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España y les ha fijado comparecencias semanales en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el juzgado que elijan bajo advertencia de que, si incumplen estas medidas, deberán ingresar en prisión.
Frente al centro penitenciario de Estremera se han congregado dirigentes de ERC y PDeCAT que junto a miembros de Joventuts d'Esquerra Republicana y familiares de los consellers cesados han conformado un grupo de en torno a 50 personas.
Horas antes lo hiceron las exconsejeras, Dolors Bassa y Meritxell Borrás, para las que también se ha acordado libertad bajo fianza y que se encontraban en el centro de Alcalá-Meco.
Entre quienes han ido a recibirles estaba la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y los portavoces de ERC y PDeCAT en el Congreso, Joan Tardá y Carles Campuzano, respectivamente.
