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El Tribunal Supremo ha condenado al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa formulada contra unos acreedores de Banesto cometido cuando era presidente de dicha entidad en 1994.

La sentencia, hecha pública este jueves, condena también con la misma pena al ejecutivo de Banesto Miguel Angel Calama y al letrado Rafael Jiménez de Parga. También les impone una multa de 400 euros.

El fallo concluye que todos ellos incurrieron en un delito "acusación falsa" y les condena a "tres meses de prisión con suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección públicos o privados vinculados con entidades bancarias crediticias o financieras durante el tiempo de la condena".

El fallo cuenta con un voto particular en contra de la condena formulado por el magistrado José Manuel Macha, que considera que "no existe prueba de cargo suficiente para condenar" a los dos antiguos ejecutivos y al abogado de Banesto.

EL SANTANDER RATIFICA SU CONFIANZA EN SÁENZ

El Banco Santander ha ratificado su confianza en Alfredo Sáenz para que continúe como consejero delegado tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa formulada contra unos acreedores de Banesto cometido cuando era presidente de dicha entidad en 1994.

Según informó Santander a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración del banco "le ha ratificado su confianza" a Sáenz "para que continúe en el desempeño de sus funciones como consejero delegado.

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SÁENZ PEDIRÁ EL INDULTO AL GOBIERNO

El consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, pedirá al Gobierno que le indulte de cumplir la condena que le ha impuesto el Tribunal Supremo por acusación falsa, ya que así se paralizará la ejecución de la sentencia y podrá continuar como consejero delegado de la entidad. En un comunicado, el Banco Santander explica que además de pedir el indulto al Gobierno, Sáenz recurrirá ante el Tribunal Constitucional las sentencias del Supremo y la Audiencia Provincial de Barcelona, que le condenó por los mismos hechos a finales de 2009.

La suspensión de la ejecución de la sentencia del Supremo -que le ha condenado a las penas de tres meses de prisión y suspensión de cargos en entidades bancarias, junto a una multa de 400 euros- se ha de solicitar ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que fue el primer tribunal que le condenó.

En cualquier caso, el consejero delegado del Santander nunca ingresaría en prisión, ya que sólo se toman esas medidas privativas de libertad en el caso de condenas superiores a 2 años de cárcel. Según fuentes jurídicas, el hecho de pedir un indulto facilita que se consiga la suspensión de una sentencia, ya que paraliza la ejecución de las penas impuestas al no haber antecedentes penales.