El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado que se haya dado una instrucción general a las Fuerzas de Seguridad para establecer un perímetro de 300 metros en las domicilios particulares de los políticos para evitar los llamados 'escraches' que vienen llevando a cabo los activistas antidesahucios y ha querido dejar claro que sólo se ha indicado la necesidad de fijar distancias de seguridad, cuya longitud dependerá de cada caso. Según ha explicado en los pasillos del Congreso, "la instrucción que se ha dado es adoptar las medidas operativas adecuadas para garantizar la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, y se deja a los mandos que sepan interpretar, con la flexibilidad y proporcionalidad adecuada, cada caso".
"Como ministro de Interior, niego que sea una instrucción para fijar 300 metros, sólo es una instrucción para que los responsables operativos sepan actuar con la proporcionalidad y flexibilidad necesaria pero que garanticen los derechos fundamentales de reunión y manifestación, que exige una convocatoria previa, y el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", ha insistido.
NO TIENE SENTIDO UNA DISTANCIA "UNIVERSAL"
A su juicio, es "absurdo" poner la distancia en 300 con carácter general porque depende de la calle, las circunstancias o del entorno, y en función de eso las medidas operativas necesarias pueden ser "de 300 metros, de 30 o lo que sea". "Los responsables saben interpretarlo", ha añadido.
El objetivo de Interior, ha abundado, es el cumplimiento legal de la protección tanto del derecho de manifestación como del de la inviolabilidad del domicilio articular. Eso sí, ha subrayado que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación exige una comunicación previa a la autoridad gubernativa."Y ninguno de esos acosos se han comunicado y por tanto en todos esos llamados escraches, que son acosos, coacciones o intimidaciones, se están violando de manera flagrante la ley de derecho de reunión y manifestación", ha recalcado.
"No hay incompatibilidad y todos los derechos tiene que ser preservados --ha afirmado--. Todos los derechos fundamentales se han de ejercer en el marco de la ley y el de reunión exige comunicación previa a la autoridad gubernativa".
GALLARDÓN DEFIENDE QUE SE ALEJE A LOS DIPUTADOS DE ELEMENTOS DE PRESIÓN
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha considerado contrarias a los principios democráticos las acciones violentas que intenten condicionar el voto de los diputados y ha defendido que se garantice que los parlamentarios "estén alejados de cualquier elemento de presión".
El ministro ha realizado estas consideraciones en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las medidas que estudia el Ministerio del Interior ante los escraches que colectivos antidesahucios convocan frente a los domicilios de diputados del PP.
"Intentar que los diputados voten, no aquello que les han dicho los ciudadanos que les han votado sino aquello que pretende una minoría mediante una acción de carácter violento, a mí me parece que es absolutamente contrario a los principios democráticos", ha dicho Gallardón.
FELIPE GONZÁLEZ: "¿POR QUÉ UN NIÑO TIENE QUE AGUANTAR UN ESCRACHE?"
El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha pedido hoy "reflexionar seriamente" sobre los escraches y se ha preguntado: "¿por qué un niño tiene que aguantar una presión en la puerta de su casa?".
En opinión del expresidente, se está creando un cierto consenso de que la movilización tiene que respetar lo que puede ser una violencia contra las personas.
González ha recordado que es "una importación que hemos hecho de Argentina donde se hacía por causas distintas, y no es la mejor importación que hemos hecho".
AMPLIAR LAS FACULTADES DE LOS JUECES EN MATERIA DE DESAHUCIOS
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda de la regulación de la situación de los deudores hipotecarios en su conjunto y, en este sentido, aumentar las facultades de los jueces en materia de desahucios para que exista una "mayor flexibilidad a la hora de facilitar acuerdos entre acreedores y deudores".
Durante su intervención en el pleno del Senado para presentar el informe de la institución correspondiente a 2012, la Defensora del Pueblo ha propuesto dos tipos de medidas en relación a los deudores hipotecarios: paliativas y preventivas. Todas ellas se recogen en el informe 'Crisis Económica y Deudores Hipotecarios: Actuaciones Propuestas por el Defensor del Pueblo', también presentado este miércoles.
Entre estas medidas, ha destacado la elaboración del concepto jurídico del deudor de buena fe. Becerril ha recordado que hay familias a las que la crisis económica le ha llevado a la imposibilidad de "devolver los préstamos a las entidades financieras y se quedan sin vivienda".
Según ha explicado, se "hará hincapié en que la ley se fije de manera especial en la determinación de la insolvencia de las personas físicas de en qué momento se producen y cuáles son las circunstancias de cada familia".
