El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a reformar por decreto ley la LOMCE para que la evaluación final de Bachillerato sea muy similar a la Selectividad con exámenes sólo de las asignaturas troncales de 2º y no de los dos cursos de la etapa como establece la ley. Además, la evaluación de 4º de la ESO será muestral, es decir, no la van a realizar todos los centros, sino los que elijan las comunidades autónomas, y versará sólo de las troncales de ese curso. Estas son las principales novedades del borrador del proyecto de real decreto ley.
El documento lo discutirá el ministro Iñigo Méndez de Vigo con los responsables de Educación de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial convocada para el próximo 28 de noviembre.
Tanto la LOMCE como los últimos borradores sobre las características de estas evaluaciones indican que los alumnos que quieran acceder a la Universidad el curso que viene 2017-2018 deben examinarse no sólo de las asignaturas troncales de segundo de Bachillerato, sino también de algunas materias de primero, algo que estaba generando mucho desconcierto en la comunidad educativa, que pedía de forma unánime el restablecimiento de la antigua Selectividad.
Respecto a la de 4º de la ESO, el Ministerio también cedería a las peticiones de la mayoría de las comunidades autónomas y de las organizaciones de la comunidad educativa, pues va más allá del compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de suspender los efectos académicos de estas pruebas hasta lograr el pacto educativo.
Con este decreto ley no sólo desvincula la prueba a la obtención del título, sino que permitirá a las autonomías que la evaluación tenga carácter muestral y no censal, de manera que no la tengan que realizar todos los alumnos de 4º de la ESO de España, sino sólo los de algunos centros. Al igual que la de Bachillerato, esta prueba no versará sobre contenidos de los cuatro cursos de la etapa, sino de las troncales generales y de opción de 4º.
Fuentes ministeriales han indicado a Europa Press que el borrador de este proyecto de decreto ley lo envió Educación a los "negociadores" del PSOE este jueves 17 de noviembre.
En el texto indica que las nuevas condiciones se mantendrán "durante un tiempo prudencial y suficiente" hasta alcanzar el pacto educativo y las mismas fuentes han explicado que este plazo lo acordará Méndez de Vigo con las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial del 28 de noviembre.
El pasado martes, en el Congreso de los Diputados, durante el debate de una proposición de ley del PSOE para tramitar la paralización de la LOMCE, el ministro anunció este decreto para suspender los efectos académicos, pero sin dar detalles sobre el contenido. Después, en declaraciones a los medios a la salida del Hemiciclo, se mostró "abierto" a las propuestas que los consejeros puedan hacerle en el encuentro del 28 de noviembre y aseguró que no se cerraba "a nada".
"UN PASO QUE DA EL GOBIERNO HACIA EL PACTO"
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que los cambios anunciados en las pruebas finales de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato suponen "un primer paso para abrir la puerta" hacia un pacto nacional educativo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha precisado que la Lomce "no se va a derogar ni a paralizar" este curso Entre los principales cambios que incluye el proyecto de real decreto-ley conocido hoy, Méndez de Vigo ha destacado que a la prueba de segundo de Bachillerato -que va a ser muy similar a la antigua Selectividad-, solo deberán presentarse los alumnos que quieran acceder a la Universidad.
El ministro ha recalcado que el pacto nacional por la educación es "una de las prioridades" que el presidente del Gobierno, Mariano, Rajoy, señaló en su investidura, y ha dicho asimismo que los partidos han estado a favor de ello durante las dos últimas campañas electorales. "Es una idea que ha calado" porque "la gente lo pide, quiere una estabilidad consensuada en el sistema educativo" y también porque la revolución tecnológica digital "lo impone", ha enfatizado.
Méndez de Vigo ha recordado que en el Congreso se va a crear una subcomisión que en un plazo de seis meses establecerá las "líneas básicas" para ese pacto; después, el Gobierno presentará un proyecto de ley para ese pacto. Por otro lado, el Gobierno va a presentar un decreto ley en la primera semana de diciembre sobre los citados cambios que se van a incluir en las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, que a diferencia como fijaba en un principio al Lomce, no van a tener efectos académicos, es decir, no son necesarias para obtener el título correspondiente. Hablará todo ello en Conferencia Sectorial con las comunidades el próximo día 28.
El ministro ha adelantado que la prueba de segundo de Bachillerato, además de solo hacerla quien quiera acceder a la Universidad, versará exclusivamente sobre las materias troncales de segundo de bachiller. El modelo se va a parecer mucho a la anterior Prueba de Acceso Universitario (PAU), conocida como Selectividad, ha asegurado el ministro, que ha pedido "tranquilidad" a los alumnos.
En cuanto a la prueba final de cuarto de la ESO será muestral y los alumnos solo se examinarán de las materias troncales. Méndez de Vigo ha añadido que se sigue cumpliendo el objetivo de evaluar porque es "bueno", ya que "lo que no se evalúa se devalúa", pero que los cambios son "un gesto del Gobierno hacia ese camino" que debe conducir al pacto por la educación.
EL GOBIERNO PIDE AL CONGRESO PARAR LA TRAMITACIÓN DE LA REFORMA DE LA LOMCE
El Gobierno ha requerido a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de iniciar la tramitación de dos proposiciones de ley, una para suspender el calendario de implantación de la LOMCE, que ya pasó por el pleno el pasado martes, y otra de modificación del estatuto de los trabajadores.
La solicitud del Gobierno se produce después de que la Mesa del Congreso levantara el pasado 18 de octubre el veto del Gobierno sobre estas dos iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios. La Constitución otorga al Ejecutivo la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con estas dos iniciativas.
