El Gobierno ha planteado a sindicatos y ONG la puesta en marcha de forma urgente una renta mínima vital provisional de 500 euros para proteger a las personas más vulnerables, hasta que pueda articularse una medida permanente.
Los requisitos para acceder a la misma serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar este por debajo de los 450 euros de media por miembro.
Por su parte, CEOE y Cepyme, han denunciado que "en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales".
Las organizaciones que lideran Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva afirman que en estos momentos, "ante la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles, nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado"
