El exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre, que entregaba las tarjetas black a los directivos de la entidad, ha responsabilizado de esta práctica al expresidente Miguel Blesa, que se encargaba de fijar los "límites" de gasto, y al exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, que se ocupaba de la "operativa", informaron fuentes jurídicas presentes en su comparecencia.
De la Torre, que ha declarado como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha asegurado que las tarjetas de Caja Madrid eran para gastos de representación aunque los consejeros que tenían dos podían utilizar la segunda para gastos personales, ya que se trataba de un complemento retributivo que, según ha dicho, "tenía el mismo tratamiento fiscal que cualquier otro".
Preguntado por qué existen correos internos de Caja Madrid en los que él mismo aplicaba el término black a estas tarjetas, ha explicado que se trataba de unas visas que "eran neutrales a efectos fiscales de IRPF". "No se tenían que incluir en los certificados de Hacienda, eran un gasto para la entidad", ha apuntado.
UN TEMA "MUY SENSIBLE"
El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón también ha interrogado a De la Torre, que ocupó el cargo de secretario del Consejo de Administración de la caja madrileña entre los años 1996 y 2009, por qué en esos correos pedía que se extremara la "discreción" sobre este asunto para evitar "filtraciones". En este sentido, ha defendido que el sistema retributivo es un asunto "muy sensible" para una entidad bancaria y debe ser "reservado".
En este punto, el representante del Ministerio Público ha preguntado si no debería ser "al revés" y el sistema retributivo debía ser "transparente" al tratarse de "una obligación legal". "Es un tema delicado y hay que llevarlo con mucho cuidado", ha insistido el exdirectivo.
El compareciente, que ha reconocido que él se encargaba de entregar los plásticos aunque actuaba como un mero intermediario de la dirección, también ha sido interrogado por el juez Andreu, que le ha preguntado si le parecía "normal" que los consejeros tuvieran una retribución que no aparecía en sus contratos. "No me pareció irregular", ha contestado. "Le he preguntado si le pareció normal", ha insistido el juez. "Sí, me pareció normal", ha dicho entonces el exdirectivo.
GASTOS DE "LIBRE DISPOSICION"
La decena de exdirectivos que ha declarado este lunes, propuestos por PP, PSOE, IU y CCOO, ha coincidido en que fue el entonces secretario general de Caja Madrid Vicente Espinosa quien les entregó las tarjetas, que eran de "libre disposición" y podían soportar gastos personales, siempre y cuando no sobrepasaran un límite máximo y no extrajeran dinero en efectivo de los cajeros automáticos.
La Fiscalía no ha pedido fianzas para ninguno de ellos.Eso sí, no han sabido explicar la razón que justificara esta última prohibición, mientras que han señalado que intentaban agotar el límite mensual en su utilización y, para ello, apuntaban los gastos "manualmente" o recurrían a su "memoria" ya que la caja no exigía ningún tipo de justificante.
Al ser preguntados por la tributación de las visas, todos han respondido que pensaban que estaba incluida en su certificado de haberes, a excepción del representante de CCOO Antonio Rey de Viñas, que ha precisado que pensaba que la caja lo tenía "arreglado desde el punto de vista fiscal". En este sentido, el exdirectivo propuesto por el PP Javier de Miguel ha añadido que fue consciente de que no estaba en su certificado y entendía que la entidad "se ocupaba" de la fiscalidad.
Otro exdirectivo nombrado por el PP, Antonio Cámara, ha recordado que mostró "cierta sorpresa" cuando la caja madrileña le entregó la tarjeta y le dijo que no tenía que declarar "nada" ante Hacienda. "Me dijeron que había un acuerdo con el Banco de España y Hacienda", ha indicado, en consonancia con Angel Antonio Gómez de Pulgar, que ha citado este acuerdo con la Agencia Tributaria.
El que era presidente de la Comisión de Control y exdirector general de Economía Pablo Abejas, propuesto también por el PP, ha aseverado que simplemente fue un "beneficiario" y no "el contratante" de las tarjetas, las cuales "tenían todas las bendiciones". "Confiábamos en que todo era legal" ha apuntado antes de explicar que el órgano al que pertenecía era "un back office con cierto sentido forensic".
