El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla se ha acogido su derecho a no declarar y ha proclamado su inocencia en su comparecencia ante el juez Juan Jesús García Vélez, que investiga el presunto fraude del sindicato con los cursos de formación. Fernández Sevilla había sido citado por el juez como autor de los posibles delitos de falsificación y fraude en las subvenciones recibidas para los cursos de formación.
El abogado de Fernández Sevilla, Manuel Pérez Cuajares, ha explicado a los periodistas que el sindicalista no ha declarado porque aún no tienen en su poder la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtuvo en los registros de la sede de UGT-A.
Una documentación, que considera de "interés para la investigación", que no ha sido aún puesta a disposición del juzgado, según el abogado, quien ha señalado que ninguna de las partes personadas en el caso ha pedido medidas cautelares para Fernández Sevilla. El antecesor en el cargo de Fernández Sevilla, Manuel Pastrana, también había sido citado para declarar, pero no lo ha hecho por la enfermedad degenerativa que padece.
Ambos están acusados por el juez de los delitos de falsificación y fraude de subvenciones entre el 2009 y el 2013, y la Fiscalía Anticorrupción considera que son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".
Para la comparecencia de Fernández Sevilla, que ha durado unos quince minutos, se ha usado una sala especial de vistas para acoger a los abogados de los 17 acusados y a los que ejercen las acusaciones en representación del PP, UPyD y Manos Limpias.
El juez destacó en sus citaciones judiciales que el vicesecretario de Administración y Recursos Humanos de UGT-A, Federico Fresneda, fue "contundente" en su testimonio cuando ratificó la implicación de Pastrana y Fernández Sevilla en la creación de una central de compras de este sindicato, que considera el "mecanismo esencial" en el fraude que investiga.
El juez explica que esta central de compras se concretaba en la técnica de rápel, que permitía a UGT lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las facturas y que no se declaraban a la Administración que les concedía la subvención.
La central de compras también se nutría con el denominado "bote", informatizado y controlado mediante el programa informático Sypro, a través del cual el sindicato se financiaba con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no correspondían a servicio prestado alguno, pero que se imputaban a programas subvencionados, señala el juez.
Pastrana, secretario general desde 1998 a 2013, y su sucesor, que en ese periodo era secretario de Organización, participaron en la denominada "central de compras" del sindicato, según señala Anticorrupción antes de indicar que la actividad ordinaria de UGT-A se sufragaba con fondos de las subvenciones destinadas a formación.
Para sus conclusiones, la Fiscalía tiene en cuenta las declaraciones Fresneda, que señaló a Pastrana y Fernández como los que decidían en la ejecutiva las empresas que pagaban el "rápel", compañías con las que mantenían una "intensa relación".
Además, cuando desde el departamento de compras se quería incorporar nuevos proveedores, Fresneda sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato, según la Fiscalía.
