El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cree que "las donaciones contrarias a la ley" que el Partido Popular (PP) presuntamente recibió en el año 2008 y no declaró a Hacienda constituyeron un delito fiscal que es imputable a "quien actuara como administrador o responsable legal de la formación política" y por el que, en todo caso, la formación debe responder como responsable civil subsidiario.
Así consta en el auto de apertura de juicio oral de la causa sobre la 'caja B' del PP, en el que De la Mata asume el criterio de su antecesor en el juzgado, Pablo Ruz, y considera, en contra de lo sostenido por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que la formación presidida por Mariano Rajoy debió presentar una declaración por el Impuesto de Sociedades de 2008 que incluyera el 1.055.000 euros que recibió ese año en concepto de donativos privados.
El juez, que rechaza la petición de Anticorrupción de archivar la causa por este delito contra la Hacienda Pública, señala que el PP no recogió en su declaración "el conjunto de donaciones recibidas en dicha anualidas" que fueron "anotadas en la contabilidad paralela" e integraban la denominada 'caja B' de la formación.
A su juicio, las donaciones no cumplían "con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los Partidos Políticos". Estas "aportaciones privadas", según explica, fueron destinadas a "pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas".
UN PAGO DE MAS DE 220.000 EUROS
Como consecuencia de esta omisión, el juez De la Mata apunta que la formación "habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167,04 euros", al "alcanzar inidiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el Partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000 euros".
Esta cantidad supera el umbral del delito fiscal, establecido en 120.000 euros.
Para llegar a la conclusión de que las donaciones de 2008 deberían haberse declarado, De la Mata recuerda el auto que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó el 7 de junio de 2013 en el que rechazó un recurso del PP y sostuvo que "sólo quedan exentas" de tributación "las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado, estando por el contrario sujetas a tributación las donaciones que no se adecuen a los requisitos de forma y cuantía establecidos por la ley".
Además, el juez considera que el PP también es responsable civil subsidiario del delito de fraude fiscal que se cometió en relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, en el que la empresa Unifica no declaró 1.024.987 euros que cobró en negro por las obras de remodelación de la sede central de los 'populares', en la calle Génova de Madrid.
