Tres terroristas muestran su "orgullo" de ser de ETA e instan a "darle duro"

Los etarras Idoia Mendizabal, Jon Kepa Preciado y Jon González se han mostrado hoy "orgullosos" de pertenecer a ETA y han instado a "darle duro hasta conseguir la independencia" ante el tribunal que les ha juzgado por colocar un coche-bomba el 22 de junio de 2002 en Santander.

Así lo han asegurado los acusados en la vista celebrada ante la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en la que el fiscal Pedro Martínez ha mantenido su petición de 20 años de cárcel para Preciado y González y de 26 años para Mendizabal.

Precisamente ha sido la terrorista la que ha asegurado en euskera que "lo único" que tenía que decir es que pertenece a ETA y está "muy orgullosa de serlo", tras lo cual ha rechazado responder a las preguntas al no reconocer al tribunal.

A continuación, su compañero Jon Kepa Preciado también ha negado la legitimidad de los magistrados antes de subrayar: "Jo Ta Ke Independentzia ETA Sozialismoa Lortu arte (dale duro hasta conseguir la independencia del socialismo)".

Gonzalez es el único que ha hablado en castellano para señalar que "como militante de ETA" nunca ha tenido que ver con el "comando Olaia" ni con uno de sus taldes, el "Jata", al que se atribuye este atentado, en el que resultaron heridas seis personas y provocó gran cantidad de daños materiales en los edificios y viviendas en la zona del edificio de Nuevos Ministerios de Santander

En el juicio ha declarado como testigo el excoordinador del "comando Vizcaya" Gorka Martínez Arkarazo, que ha reconocido que colaboraba con la banda alquilando un piso en Amorebieta (Vizcaya) al que "de vez en cuando venía gente a pasar unos días", así como una lonja en Galdakao.

Según ha relatado, su función se limitaba a proporcionar esta vivienda a miembros de la banda "y nada más" y, preguntado por si en la lonja se guardaban explosivos, ha admitido que "vio un montón de cosas" cuando acompañó a la policía a hacer los registros tras ser detenido en septiembre de 2003.

Asimismo, ha precisado que mientras permaneció arrestado, cuando reveló los nombres de los componentes del "Olaia", fue sometido a torturas, por lo que esas declaraciones no fueron "para nada voluntarias".

Uno de los ertzainas que asistió a su declaración ha insistido hoy en que Martínez Arkarazo reconoció haber comprado para el comando una máquina de escribir que sólo usaba Mendizabal y que la transcripción de una de las cintas de la misma reveló la descripción de esta acción.

De ahí que el fiscal sostenga que la terrorista era la "dinamizadora" de este comando, encargándose de captar a colaboradores y la que, junto a sus compañeros Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga -muertos en septiembre de 2002 en Basurto (Vizcaya) al explotar la bomba que manipulaban en el interior de un vehículo-, introdujo en el coche que habían robado previamente, el artefacto que habían preparado con unos 30 kilos de explosivo.

Además, ha explicado que los detalles del atentado se describían en un documento intervenido al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, "Susper", en el que se aludía a dos miembros del "Jata" huidos a raíz de una operación desarrollada por la Ertzaintza en mayo de 2002 contra varios 'taldes' de ETA en Vizcaya y que, a su juicio, se corresponden con Preciado y González, detenidos en Limoges en febrero de 2004.

Sin embargo, para la defensa de los acusados, que pide su absolución, la Fiscalía no ha aportado ninguna diligencia, documento o seguimiento que demuestren que ambos pertenecían a ETA en las fechas de este atentado.

OTRO JUICIO A TXAPOTE

Por otra parte, los exdirigentes de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, e Irantzu Gallastegi se han negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre el asesinato de Eugenio Olaciregui, un vendedor de bicicletas asesinado por ETA en 1997, acusado de delatar al etarra Valentín Lasarte.

Estas declaraciones se han producido a instancias de la Fiscalía, que pidió al magistrado la reapertura de este sumario tras comprobar que existen nuevos indicios que permiten volver a abrir la causa y seguir investigando antes de que prescriba el delito.

El 30 de enero de 1997 ETA asesinó a Olaciregui en San Sebastián cuando iba a la tienda en la que trabajaba, en la que la compañera de Lasarte había comprado una bicicleta días antes de que fueran detenidos los dos por la Ertzaintza, por lo que la banda terrorista acusó al vendedor de delatar a los etarras.

Según el fiscal Jesús Alonso, el arma utilizada para asesinar a Olaciregui es la misma que empleó el etarra Fernando Elejalde para matar al funcionario de la prisión donostiarra de Martutene Francisco Javier Gómez Elósegui dos meses después de matar al vendedor de bicicletas.

En su declaración policial, Elejalde reconoció que fueron los miembros del "comando Donosti" -García Gaztelu, Gallastegi y el fallecido José Luis Geresta- quienes le habían entregado la pistola, por lo que el fiscal ha pedido que se les tome declaración como imputados.

Ante el magistrado también han comparecido Lasarte -como imputado- y Elejalde -en calidad de testigo-, y el primero, según han explicado fuentes jurídicas, no ha aportado ningún dato ya que cuando se produjo el asesinato de Olaciregui él estaba en prisión, además de corroborar que el "comando Donosti" lo integraban Txapote, Gallastegi, Geresta y el mismo.

Las mismas fuentes han indicado que Lasarte ha indicado al juez que cuando fue arrestado, los agentes le comentaron que la llamada en la que lo delataron la realizó una mujer y no un hombre.

Por su parte, Elejalde ha manifestado hoy que no se acuerda "de nada", si bien ha subrayado que la declaración policial en la que confesó que el "comando Donosti" le entregó la pistola con la que mató a Elósegui la hizo bajo torturas.

Entre las diligencias ordenadas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional también ha reclamado a la Policía, Guardia Civil y Ertzaintza que le informe sobre si han recopilado algún tipo de pruebas en relación con el asesinato de Olaciregui.

Una vez se reciba ese informe, el fiscal lo analizará para ver si puede solicitarse algún tipo de prueba más, según las fuentes consultadas.