El funcionario del Juzgado del magistrado Baltasar Garzón que se encargó en la Audiencia Nacional de la tramitación judicial del "caso Gürtel", Vicente Maroto, ha asegurado hoy que el juez "siempre estaba muy obsesionado con quitar todo aquello que afectase al derecho de defensa" y coincide con el policía que grabó Gürtel que dice que Garzón ordenó preservar el derecho de defensa.
Así lo ha manifestado el funcionario en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio a Garzón por ordenar las escuchas del "caso Gürtel", en el que ha declarado que la fiscal anticorrupción Miriam Segura fue la que advirtió al magistrado de que "había que hacer algo con las visitas a la cárcel" de los abogados a sus clientes, si bien ha precisado que no sabía si esa idea surgió de ella.
Maroto ha señalado que se acordaba "muy, muy claramente y muy bien" porque ese día, el 18 de febrero de 2009, había declaraciones en el juzgado y sólo estaba la fiscal Segura, que "siempre estaba muy tranquila, y esa tarde estaba muy nerviosa, haciendo gestos", lo que le llamó la atención y le hizo prestar atención.
"Recuerdo que decía: "Baltasar, Baltasar hay que hacer algo con estas visitas a la cárcel, hay que hacer algo, hay que tomar la decisión ya", ha rememorado el funcionario.
Según ha dicho, el motivo de acordarse con tanta precisión era porque él tenía un billete para volar a Tenerife ya que se iba de vacaciones ese día y discutió con la secretaria judicial porque le dijo que no iba a irse de vacaciones "si no quedaba resuelto y organizado todo el papeleo".
Ha añadido además que Garzón le indicó que iban a realizar el auto de intervención de las comunicaciones, lo que le llevó a estallar y decirle: "ya no puedo más", tras lo que ha agregado que otra persona se hizo cargo de ello porque él se fue de vacaciones.
Respecto al expurgo de las conversaciones grabadas en prisión, Maroto ha indicado que tras recibir el 31 de marzo de 2009 el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptando la inhibición, Garzón quería que la causa "estuviera al día siguiente" en el TSJM.
"Él siempre estaba muy obsesionado con quitar todo lo que tenga que ver con el derecho de defensa", ha aseverado el funcionario, que ha manifestado que le preguntó al magistrado qué debía quitar y que éste le dijo que se fuera a su mesa y que luego irían las fiscales "para ir diciéndole".
"Imagino que en el despacho hablarían sobre lo que había que quitar o no", ha respondido Maroto a preguntas de la defensa de Francisco Correa, el letrado José Antonio Choclán, que ha insistido en saber si el magistrado estaba junto a él cuando le indicaban "lo que tenía que quitar de la pieza", a lo que ha señalado que "físicamente" sólo estaba presente la fiscal pero con "control" de Garzón.
EL POLICÍA COINCIDE CON MAROTO EN LA OBSESIÓN DE GARZÓN
Un mando policial que intervino las conversaciones de imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados en prisión por orden de Baltasar Garzón ha asegurado hoy que el magistrado requirió que el derecho de defensa fuera la "cláusula" por la que debían guiarse en las intervenciones. Así lo ha explicado en el Tribunal Supremo el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante la segunda sesión del juicio a Garzón, que se enfrenta a una pena de hasta 17 años de inhabilitación por ordenar interceptar las conversaciones mantenidas en la cárcel de Soto del Real (Madrid) entre imputados de la trama y sus letrados.
Ha explicado que, para llevar a cabo esta tarea, la dinámica de trabajo consistía en excluir de las escuchas las que entendían que estaban "dentro del círculo privado de las personas", por lo que se aportaban solo aquellas relacionadas con el hecho investigado. Un criterio que, ha subrayado, a veces es "difícil poder llevarlo a la práctica", porque en comunicaciones largas suelen cruzarse los temas, por lo que deben "mantener pequeños giros" que, aunque ajenos a la investigación, son necesarios para dar sentido lógico a la transcripción.
Preguntado por el abogado José Antonio Choclán -representante del presunto cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa- si en su mandamiento Garzón requirió intervenir de la misma manera las conversaciones genéricas que aquellas en las que participaban letrados, el inspector de la UDEF ha respondido que "el sistema de escucha es el que es" y que él transcribe "lo que se escucha".
SALVAGUARDAR EL DERECHO DE DEFENSA
Sin embargo, ha recalcado que el magistrado decretó salvaguardar el derecho de defensa en la resolución en la que ordenaba interceptar las conversaciones. "Era la cláusula por la que nos teníamos que guiar en las intervenciones", ha insistido el agente, propuesto como testigo tanto por las acusaciones como por la defensa de Garzón, y que ha puntualizado que en un primer momento tuvieron que preguntar al juez para que aclarara como hacerlo.
De esta forma, y gracias a la "fluidez de relación y comunicación" que existía con el magistrado, Garzón les precisó que él "asumía el rol a la hora de valorar lo que pudiera o no afectar" al derecho de defensa.
Al constatar la Policía que la actividad de la organización delictiva continuaba, ahora encaminada a la ocultación de su patrimonio, los agentes transmitieron verbalmente a Garzón la conveniencia de mantener intervenidas las conversaciones de Correa y de Pablo Crespo, ya detenidos.
Y, en esa actividad, ha proseguido, "los abogados tenían esa capacidad de control, de dirección de estrategias" porque "eran los receptores de las instrucciones" de los internos. El policía ha explicado que en las investigaciones sobre blanqueo la prioridad es "la intervención de bienes", por lo que trasladaron al juez la necesidad de "trazar alguna estrategia" para evitar que el patrimonio de los imputados se pusiera a nombre de terceros y, por tanto, fuera del alcance de la Justicia. El juicio se reanudará a las 16:30 horas con la declaración del resto de los testigos.
LAS ACUSACIONES MANTIENEN ENTRE 10 Y 17 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA GARZÓN
Los abogados de la acusación en el juicio a Baltasar Garzón han elevado hoy a definitivas su peticiones de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el magistrado, al que acusan de los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por ordenar las escuchas del "caso Gürtel".
Así lo han comunicado en la segunda sesión del juicio que ayer comenzó en el Tribunal Supremo, y en el que mañana expondrán sus informes y conclusiones finales.
La Fiscalía, que no acusa, y el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, han pedido su absolución tras defender que no cometió los delitos que se le imputan por haber ordenado intervenir las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama de corrupción con sus abogados.
Mientras, el abogado Ignacio Peláez, autor de la querella que dio origen al juicio al que se está enfrentando Garzón, ha anunciado que mantiene su petición inicial de 10 años de inhabilitación por prevaricación judicial y uso de artificios de escucha con violación de las garantías constitucionales.
Por esos mismos delitos, el letrado José Antonio Choclán, que representa al considerado cerebro de la trama de corrupción, Francisco Correa, y Pablo Rodríguez Mourullo, abogado del número dos de la red, Pablo Crespo, reclaman 17 y 15 años de inhabilitación, respectivamente.
