La trama que juzgará el tribunal del caso Nóos

El proceso judicial que sentará este lunes en el banquillo a la infanta Cristina, a su marido, Iñaki Urdangarin, y a otros 16 acusados empezó hace más de cinco años con la investigación del sobrecoste del velódromo Palma Arena.

El caso Nóos es la pieza separada número 25 del caso Palma Arena, abierta por el juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, el 20 de julio de 2010 para investigar las supuestas actividades irregulares del instituto que da nombre a la causa y que presidió durante varios años Urdangarin.

La Audiencia de Palma juzgará desde el lunes la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, que percibieron casi 6 millones de las administraciones públicas.

Se juzgarán los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.

Los más de cuatro años que duró la instrucción del caso, desvelaron el entramado societario urdido por Torres como autor intelectual y Urdangarin, entonces yerno del Rey Juan Carlos, como gancho para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios, según el instructor y las acusaciones.

Las seis acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado, Abogacía de las comunidades balear y valenciana, Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia) coinciden en que Urdangarin y Torres lograron que el Instituto Nóos fuera adjudicatario de ingentes cantidades de fondos públicos.

Lo hicieron mediante un sistema en el que eludían de forma ilícita la aplicación de la Ley de Contratos de la Administración Pública, que fue el uso fraudulento de los convenios de colaboración.

De esa manera lograron unos 3,5 millones de las administraciones públicas valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, según los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y populares.

El modus operandi para adueñarse de lo obtenido consistía en que los fondos públicos que ingresaron el Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), se los repartían Urdangarin y Torres al 50 % mediante varias empresas de su propiedad que usaron como instrumentos para drenar el dinero hacia sus propios patrimonios, presuntamente.

La Agencia Tributaria ha calculado que el entramado societario artificial creado por ambos cruzó hasta 425 facturas a Nóos por los pretendidos servicios y trabajos de muy diversa índole, por un total de 8 millones de euros entre 2004 y 2008.

Además, están acusados de defraudar a Hacienda con esa pantalla que crearon para ocultar las retribuciones de su propia actividad, sujetarla a una tributación inferior y deducirse gastos de forma irregular.

Mientras Urdangarin lo hizo a través de Aizoon, empresa de la que era titular al 50 % con su esposa, Torres lo llevó a cabo mediante varias mercantiles (Shiriaimasu, Virtual Strategies, Intuit y Nóos Consultoría Estratégica) que también compartía con su mujer, Ana María Tejeiro, sostienen fiscalía y acusaciones.

Urdangarin y Torres crearon además presuntamente una estructura societaria fiduciaria opaca en paraísos fiscales para ocultar a los verdaderos beneficiarios y obtener aun más beneficios fiscales.

La supuesta red artificial de los dos socios arrastra como responsables civiles a título lucrativo a la infanta Cristina y a Ana María Tejeiro por haberse beneficiado y destinado los ingresos a gastos personales y familiares. Además, doña Cristina está acusada (solo por Manos Limpias) de cooperar en los delitos fiscales y Tejeiro de blanquear capitales.

Todo empezó en febrero de 2006, cuando el PSOE balear cuestionó públicamente en una rueda de prensa el pago de 1,2 millones de euros al Instituto Nóos por parte del Govern, que entonces presidía Jaume Matas, para organizar el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre turismo y deporte en Palma que había durado cuatro días.

La posterior investigación del sobrecoste del velódromo Palma Arena y las contrataciones de la Dirección General de Deportes de la era Matas llevó a indagar sobre los convenios firmados con el Instituto Nóos.

En el verano de 2011 la instrucción se aceleró después de que el juez tomara declaración al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y de que la Fiscalía Anticorrupción ordenara varias diligencias, entre ellas el registro de la sede de Nóos en Barcelona. El caso adquirió interés nacional cuando el juez Castro imputó al entonces duque de Palma el 29 de diciembre de ese año y lo citó a declarar.

El punto culminante de la instrucción llegaría el 8 de febrero de 2014, cuando declaró la infanta Cristina, imputada por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Durante la investigación se elaboraron una docena de atestados policiales, la Agencia Tributaria redactó una treintena de informes y la Intervención General de la Administración del Estado media docena más.

Finalizada la investigación, el caso superó el medio centenar de tomos y los 76.000 folios que tuvieron que ser trasladados en un camión de mudanzas del juzgado de instrucción a la Audiencia de Palma.

El sumario incluye desde la investigación a un informático que colaboró con el CNI y tenía una copia de los servidores de Nóos (que el juez finalmente archivó), a los documentos de tres comisiones rogatorias en Luxemburgo, Andorra y Suiza en busca de dinero oculto.

La instrucción incluyó episodios rocambolescos como la atribución de 13 propiedades inmobiliarias a la infanta por un error de Hacienda vinculado a su DNI y la apertura de un proceso contra dos abogados que serán juzgados por desobediencia acusados de grabar en vídeo a escondidas la declaración ante el juez de la infanta.