Las víctimas acusan de "dejadez" al Gobierno a un año de la derogación de la doctrina Parot

Un año después de la derogación de la doctrina Parot, que supuso la excarcelación de terroristas, asesinos en serie y violadores, las víctimas reprochan al Gobierno no haber estado a la altura al no haber impedido la rápida salida de prisión de casi un centenar de reclusos.

Pero recriminan también al Ejecutivo y al Legislativo su "dejadez" por no haber regulado el control, vigilancia y seguimiento de los presos más peligrosos una vez fuera de la cárcel, toda vez que algunos de ellos, como los violadores, suelen reincidir, como ya ha ocurrido con dos de los excarcelados.

Así lo han manifestado varias asociaciones de víctimas del terrorismo y de otros delitos en declaraciones a Efe, justo un año después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pusiera fin a la respuesta que el Tribunal Supremo había dado siete años antes a un recurso del etarra Henri Parot, quien pedía acumular en una las veintiséis penas de condena.

EL DÍA DE LA INFAMIA

Nacía así en 2006 la doctrina Parot, que establecía que las redenciones de penas por beneficios penitenciarios debían descontarse de cada una de las condenas impuestas, no del tiempo máximo del cumplimiento, de tal forma que en la práctica se alargaba el tiempo en prisión.

"Fue el día de la infamia para todas las víctimas y supuso un antes y un después de este Gobierno para con ellas. Demostró de qué lado estaba", dice a Efe Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Insiste Pedraza en que la sentencia no tenía que haberse aplicado "tan rápido", y recuerda que esa misma tarde del 21 de octubre del año pasado los ministros de Interior y Justicia le aseguraron que se excarcelaría a Del Río, pero que el resto iría "muy lento".

"Se pasó de la esperanza a la traición", añade Pedraza antes de subrayar que el resultado de ese fallo no es solo que violadores hayan reincidido, sino también que un exrecluso de ETA salga en un periódico de tirada nacional "diciendo que no se arrepiente y que volvería a matar", en alusión a la entrevista ayer en El Mundo a Josu Zabarte, el "carnicero de Mondragón".

La presidenta de la AVT afirma que un año después el sentimiento de las víctimas es de "dolor, traición y engaño". "Se ha conseguido la muerte civil de las víctimas, silenciarlas para que no pongamos ningún palo en la rueda contra la actual política penitenciaria", sentencia.

ETA SIGUE SIN DISOLVERSE

Desde Dignidad y Justicia, su presidente, Daniel Portero, también ve en las declaraciones del "carnicero de Mondragón" el "síntoma claro" de que ocurre en ETA, que sigue sin renunciar a la lucha armada y no va a disolverse, según su opinión.

Tendrá que ser el Estado de Derecho quien lo haga deteniendo "desde la cúpula hasta el último integrante" de la banda, señala Portero, quien deja claro que el silencio de los etarras excarcelados por el fin de la Parot se debe a su sometimiento a Sortu, que "cómoda pisando moqueta", les ha dicho que "no le interesa que hablen".

Reprocha al Gobierno no haber hecho más para evitar la excarcelación y "no haber estado a la altura", una recriminación que extiende a los tres poderes del Estado.

ABRIÓ LAS CARCELES A LOS MAYORES ASESINOS DEL PAÍS

Blanca Estrella es la presidenta de la asociación de mujeres Clara Campoamor. Desde su punto de vista, el fallo de la Corte de Estrasburgo "abrió las cárceles a los mayores asesinos del país" y, además, dejó a la Justicia española "por los suelos" al sentenciar que con la Parot se vulneraban los derechos humanos.

Y no se explica por qué los jueces "no se pusieron de uñas" ante esa interpretación y por qué "no dieron apoyo suficiente" al Gobierno para que saliera Inés del Río "y nadie más".

En cualquier caso, lo que le preocupa a Estrella es la reincidencia de los violadores, como ya se ha demostrado en dos casos, y que se pueda bajar la guardia en la vigilancia preventiva de las zonas donde residen los excarcelados.

Mientras, José Miguel Ayllón, presidente de la Asociación Nacional de Delitos Violentos, califica de "nefastas" las consecuencias de la derogación de la Parot, que ha dejado en la calle a delincuentes no reinsertados y "muy peligrosos" pese a que en España no existe norma alguna para poder vigilar y hacer un seguimiento de estas personas una vez fuera de prisión.

"Gran fallo del Estado de Derecho", apostilla Ayllón, quien recuerda que desde 2006, cuando nació la doctrina Parot, ha habido tiempo suficiente para que el Ejecutivo y el Legislativo dictaran unas medidas de seguridad como tienen otros países o para incluirlo en la reforma del Código Penal.

Otra de las críticas que Ayllón hace en nombre de su asociación alcanza a la magistratura por no aplicar "correctamente" la ley de cumplimiento íntegro de las penas. "Se está aplicando mal. Y no es justo ni legal", concluye.

CATALÁ SE REUNIRÁ ESTE MIÉRCOLES CON LA AVT PARA ABORDAR LA REPERCURSIÓN

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunirá este jueves con la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, para abordar la 'hoja de ruta' del departamento y la repercusión de la derogación de la doctrina Parot, hace ahora un año.

Fuentes del Ministerio de Justicia han explicadoque el encuentro se ha programado coincidiendo con el aniversario de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que derogó la doctrina Parot.

El encuentro se celebrará a partir de las 10.30 horas en la sede del Ministerio, y posteriormente ambos comparecerán ante los medios de comunicación.

Se trata de la primera reunión que Catalá y Pedraza mantienen, una cita que ha sido propuesta por el titular de Justicia, quien ya la semana pasada invitó a la asociación a una reunión.

Según estas fuentes, el ministro quiere seguir la línea de trabajo y colaboración con el colectivo que ya emprendió su antecesor en el departamento, Alberto Ruiz-Gallardón.

Entre los asuntos que Pedraza planteará a Catalá están la puesta en marcha del nuevo estatuto para las víctimas, que recoge un catálogo de derechos procesales y extraprocesales para ellas, o impulsar la investigación sobre los más de 300 atentados que siguen sin resolver, una de las históricas reivindicaciones de la asociación.

Otras demandas que Pedraza pondrá sobre la mesa se referirán a la prisión permanente revisable, la concesión de permisos penitenciarios a etarras o la denuncia de por qué la fiscalía no actúa de oficio en actos protagonizados por etarras y que, a juicio del colectivo, suponen enaltecimiento del terrorismo.