Las víctimas de Spanair reclaman la verdad cuatro años después

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 recordará mañana a las 154 personas que murieron el 20 de agosto de 2008 en el accidente de un avión de la compañía Spanair en el aeropuerto de Barajas con la "impotencia" de no poder demostrar aún la verdad de lo que ocurrió aquel día. Así lo ha señalado su presidenta, Pilar Vera, que ha destacado que este cuarto aniversario coincide con la "batalla tremenda" que siguen para que se revise el informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento, cuyas conclusiones son "completamente falsas".

Vera ha recordado que han solicitado al Parlamento Europeo la revisión de ese informe oficial con el que el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, se ha basado para cerrar el pasado diciembre la instrucción del accidente e imputar a dos técnicos de mantenimiento, poniendo de nuevo "el contador a cero".Las víctimas creen que la instrucción judicial se ha concluido demasiado pronto, opinión compartida por el Colegio de Pilotos (Copac), que el pasado día 1 pidió que se reabriera la investigación del accidente porque el informe de la CIAIAC tenía "numerosos errores".

Por ello, tienen la convicción de que van a lograr esta revisión, pero confía en que previamente lo haga el Ministerio de Fomento, cuya titular, Ana Pastor, se ha comprometido a intentar ayudarles con su petición de que comparezca en sede parlamentaria la presidenta de la CIAIAC, Rosa María Arnaldo.

DEBIERON SEGUIR INVESTIGANDO

Según el auto del magistrado, los dos técnicos imputados -José Antonio Viñuelas y Felipe García- debieron seguir investigando el 20 de agosto de 2008 el fallo detectado en el avión antes de decidir aplazar su reparación y despachar el avión, según lo también apuntado en el citado informe. Además, concluía que no era "posible" conocer la causa del fallo que se produjo en el TOWS -sistema de advertencia de configuración inadecuada para un despegue- del avión.

El juez acusa a los dos técnicos de 154 delitos de homicidio imprudente -por los que la acusación popular representada por la asociación pide cuatro años de prisión por cada uno, más de seiscientos años de cárcel- y de 18 delitos de lesiones imprudentes por el número de heridos. Sin embargo, la asociación acusa al juez de no haber querido "complicarse la vida" llegando hasta el final de la investigación y de haberla "cerrado en falso", y cree que la verdad de lo ocurrido aquel día se encuentra en el "antes, el durante y el después" de la catástrofe.

El antes, porque el certificado de renovabilidad del aparato siniestrado vencía el 22 de julio y se prorrogó durante otro mes, cuando el avión tenía que haber entrado "en parada completa", explica Vera. El durante transcurrió cuando el momento en el que el piloto decidió volver al aparcamiento y ponerse en manos del servicio de mantenimiento de la compañía, y el después, "dramático", cuando los servicios de emergencia tardaron más de 45 minutos en llegar al lugar del accidente, denuncia Vera.

A estas ausencias de responsabilidades, añade, se suma la del fabricante del MD-82 siniestrado, Boeing. "Nunca podremos tener paz si no tenemos algo de justicia", lamenta antes de reclamar una "compensación" al sufrimiento de los allegados de los fallecidos y a su trabajo realizado hasta "la extenuación" que, aunque no va a devolverles a sus seres queridos, sí va a contribuir "a que esto no vuelva a ocurrir".

Un trabajo que ha conseguido que las víctimas de accidentes aéreos adquieran carácter estatutario dentro del Estatuto de la Víctima que prepara el Ministerio de Justicia, que dedicará capítulos también a las del terrorismo, a las producidas por siniestros de tráfico y de violencia de género y cuyo borrador, según Vera, estará listo antes de finales de año. "Todo está encaminado al homenaje eterno y a que tanta muerte y sufrimiento que ha causado esta tragedia no quede en el olvido", concluye.

FOMENTO QUIERE REFORZAR LA PREVENCIÓN EN LA SEGURIDAD AÉREA

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado hoy que su departamento trabaja en una nueva normativa de seguridad aérea que potenciará la prevención e incrementará los miembros de la comisión de investigación de accidentes para mejorar su capacidad de funcionamiento. Fomento tramita un real decreto que desarrollará el denominado Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO), una iniciativa que tiene como objeto profundizar en el planteamiento preventivo de la seguridad aérea, dijo Pastor durante los actos del cuarto aniversario del accidente de Spanair, en el que murieron 154 personas.

El PESO permitirá pasar de un modelo reactivo tradicional a un nuevo modelo preventivo que busca anticiparse al fallo del sistema, detectando proactivamente sus debilidades y proponiendo las medidas que reduzcan al máximo cualquier riesgo, explicó la ministra. Para ello se analizarán previamente todos los parámetros en materia de seguridad integral, en su triple vertiente: la seguridad de personas y bienes; la de las operaciones, y la prevención de los riesgos laborales de todos los trabajadores involucrados en la cadena de valor del transporte aéreo.

A juicio de Fomento, el modelo tradicional partía de un planteamiento equivocado, al posponer cualquier actuación hasta que se produce la incidencia. Por otro lado, la titular de Fomento ha anunciado que la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) aumentará su número de vocales en el pleno de seis a nueve con la finalidad de mejorar su capacidad de funcionamiento. Con esta modificación se pretende garantizar la existencia de un pleno con extenso conocimiento y experiencia en todas las áreas involucradas, como ingeniería, operaciones aéreas, infraestructuras aeronáuticas, navegación aérea, mantenimiento de aeronaves, docencia, investigación o cualquier otra vinculada a las anteriores.

Fomento ultima también un proyecto de real decreto de asistencia a las víctimas de accidentes aéreos que contemplará aspectos como el alcance de las medidas económicas; la definición y consideración de víctima y familiar; el apoyo psicológico que han de recibir los afectados, o la asistencia y cobertura financiera para formalidades de inmigración, aduanas, transporte y alojamiento. Pastor ha detallado que se trata de establecer un protocolo de actuación, organización y coordinación, a fin de atender todas las necesidades en el momento inmediatamente posterior a un accidente y de hacer. La ministra ha aprovechado también su intervención en el acto, celebrado en la terminal T2 de Madrid-Barajas, para informar de que la secretaria general de Transporte, Carmen Librero, comparecerá, a petición propia, en la Comisión de Fomento del congreso.

Librero detallará del plan de acciones correctivas aprobado por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) en mayo de 2011, contenido en el informe final de la auditoría de vigilancia de la seguridad operacional del sistema de aviación civil en España. Asimismo, el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia de la presidenta de la CIAIAC, Rosa María Arnaldo, para hablar de la actividad realizada por el organismo durante 2011.

CAMBIO EN LA SEGURIDAD AÉREA

El presidente del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), Javier Martínez de Velasco, señaló hoy que las medidas de mejora de la seguridad aérea puestas en marcha por el Gobierno van a llevar a "un cambio total en la cultura de seguridad en todo el transporte aéreo en España". En su opinión, se va a producir un cambio en la supervisión del Estado en todas las facetas del transporte aéreo, en vuelo, en mantenimiento y en toda la prevención de accidentes aéreos.

Martínez calificó de "contundente" el discurso de la ministra en el homenaje a las víctimas del accidente, y señaló: "Probablemente todo lo que ha dicho Pastor se está poniendo en marcha y se va a cumplir, con lo cual hemos ganado ya varios pasos en la seguridad aérea en España". Según el presidente del Sepla, las palabras de hoy de la titular de Fomento son exactamente lo que los pilotos han denunciado en los últimos años. El sindicato espera que la nueva normativa evitará situaciones de presión a las tripulaciones que en ocasiones pueden poner en riesgo la seguridad aérea, aunque Martínez matizó que no ha leído todavía el real decreto y no sabe hasta donde profundiza, pero confió en que será un paso para mejorar dichos aspectos.