Las víctimas de violencia de género dispondrán de un centro de acogida en 24 horas

Las comunidades autónomas tendrán un máximo de 24 horas para derivar a una víctima de violencia de género que se encuentre en situación de emergencia a un centro de acogida, según el compromiso que han alcanzado sus responsables en materia de asuntos sociales este lunes en la Conferencia Sectorial de Igualdad que ha presidido la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la sede de su departamento.

En concreto, se ha dado luz verde a la creación de la anunciada Red Nacional de centros de acogida, que integra los centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados de todo el país a fin de mejorar la coordinación a la hora de ofrecer esos recursos a las víctimas.

Para activar esta red, las comunidades se han comprometido a firmar en el plazo de cuatro meses un protocolo de derivación a estos centros que se rija por criterios de atención personalizada a las usuarias y que ofrezca la capacidad de responder en caso de emergencia, en un plazo máximo de 24 horas.

Así lo ha explicado en rueda de prensa posterior el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien ha comparecido en lugar de la ministra ante los medios de comunicación. Según ha dicho, esta red será "un instrumento importantísimo" en el que, no obstante, "aún hay que seguir trabajando con las comunidades autónomas".

La red es una de las 258 medidas contempladas en la anunciada Estrategia Nacional de Violencia de Género que ha aprobado asimismo la conferencia sectorial y que consta de siete grandes ejes de actuación para los próximos tres años y una previsión presupuestaria de 1.539 millones de euros, de los que unos 300 saldrán de las comunidades autónomas.

Moreno ha destacado de entre estas medidas la "creación de códigos de autorregulación publicitaria que contengan previsiones específicas para la prevención de cualquier forma de violencia contra la mujer" y que lleven al objetivo de "evitar que de propaguen conductas machistas" desde los medios de comunicación.

Preguntado por la posibilidad de prohibir los anuncios de contactos en la prensa, el secretario de Estado se ha centrado en la autorregulación. "Queremos llegar a un acuerdo con todos los medios de comunicación y es importante que exista autorregulación dentro de la madurez y responsabilidad social corporativa que tienen todos los medios", ha contestado.

LIBERTAD VIGILADA Y JUSTICIA GRATUITA

Otra de las medidas de la estrategia que ha puesto en valor es la que extenderá el uso de los brazaletes de localización por GPS para maltratadores a quienes se encuentren disfrutando de un permiso en el cumplimiento de la condena, objetivo que se alcanzará por acuerdo con Instituciones Penitenciarias.

En este sentido, ha recordado la previsión de ampliar la libertad vigilada de hasta 5 años para los condenados por violencia de género y tipificar como delito la manipulación el brazalete de localización. "Cada día que pasa el cerco sobre el maltratador se cierra más y cada vez lo van a tener más difícil", ha afirmado, tras animar a las mujeres a denunciar cuando sufran maltrato.

Precisamente, para promover esta denuncia y ante la evidencia de que el ochenta por ciento de las mujeres asesinadas cada año no habían acudido a la justicia, la estrategia contempla la gratuidad total del proceso para la víctima, que no tendrá que abonar tasas judiciales ni costearse un abogado o un procurador y, además, recibirá asesoramiento.

"Mejorar y actualizar" la formación del personal sanitario ya desde la misma universidad en materia de violencia de género, promover la especialización de los agentes implicados, ceder a las asociaciones la explotación de todas las campañas oficiales contra el maltrato, incentivar el acceso de las víctimas a un empleo mediante acuerdos con empresas o visibilizar su realidad mediante estudios y estadísticas son otras de las medidas que contempla la estrategia nacional.

Asimismo, tal y como ha recordado Moreno, el plan se ocupa de otros tipos de violencia sobre la mujer, contemplando, entre otras iniciativas, la creación e un protocolo sanitario específico ante la mutilación genital femenina, la tipificación como delito del matrimonio forzoso o la protección de víctimas y la persecución de la trata de personas con fines de explotación sexual.

La previsión del Gobierno es que la estrategia pase por el Observatorio de la Violencia sobre la Mujer en los próximos días y vaya después al Consejo de Ministros en las próximas semanas a fin de estar oficialmente en vigor antes de que acabe el mes de junio. No obstante, con el visto bueno de las comunidades autónomas ya se da por aprobado, según fuentes del departamento de Ana Mato. 4 MILLONES DE EUROS

Otro de los asuntos en el orden del día de este lunes han sido los créditos para la atención social integral de las víctimas de violencia de género. En total, 17 comunidades autónomas habrán de repartirse un presupuesto de 4 millones de euros procedentes del Ministerio de Sanidad para prestar asistencia, de los que 1,2 millones serán específicamente para la atención a los hijos menores de edad que tengan las víctimas.

Según ha explicado Moreno, esta partida se complementará con otros 990.000 euros procedentes del Programa Igualdad y Conciliación, una iniciativa que financia el Gobierno de Noruega en distintos países de la UE y que en España se ha traducido en una colaboración de 12 millones de euros para la promoción de la mujer en el mercado de trabajo.