100 acusados por el fraude del gasóleo asumen culpas y aceptan penas
- Adulteraron el combustible y defraudaron millones a Hacienda
- El combustible era desviado a una red de estaciones de servicio y empresas de transporte
Un centenar de los 140 acusados, entre personas físicas y jurídicas, por adulterar gasóleo además de defraudar unos 6 millones de euros en distintos impuestos ha asumido su culpabilidad y ha aceptado las penas de cárcel y multas propuestas por la Fiscalía, algunas de hasta 500.000 euros.
En la primera jornada del juicio que ha comenzado este lunes en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid), una mayoría de acusados ha conformado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, entre ellos varios miembros de la familia Simón, que figuran entre los cabecillas de la trama. Para el resto de acusados, el juicio se reanudará mañana.
Los acusados, actuando de común acuerdo y de manera coordinada, formaban parte de un grupo que llegó a crear hasta nueve tramas que operaban a través de un complejo empresarial de personas y sociedades interconectadas entre sí que venía operando desde 2009 en gran parte del territorio nacional, según sostiene la Fiscalía.
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El grupo defraudó más de 6 millones en el pago de impuestos (especiales, IVA y sociedades) entre 2012 y 2014, añade el ministerio público.
GASÓLEO FALSIFICADO
El fraude consistía en la adquisición de gasóleo en régimen suspensivo, que se almacenaba y transformaba para posteriormente comercializarlo como partidas de gasóleo B (agrícola) tras haber añadido el marcador y trazador preceptivo.
Posteriormente, este se comercializaba y una vez modificado el combustible se vendía como si fuese gasóleo A de uso general (para automoción) y no se ingresaba el beneficio obtenido con esta venta a fin de eludir impuestos.
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El combustible era desviado a una extensa red de clientes (estaciones de servicio y/o empresas de transporte) distribuidos en gran parte del territorio nacional sin la aplicación de los impuestos respectivos.
Estas empresas no abonaban el IVA al tiempo que obtenían el producto más barato al no liquidar impuestos.
El fiscal les acusa, además, de pertenencia a organización criminal y pide para algunos de sus integrantes penas de prisión que van desde un mes a un máximo a 4 años.
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Por delito contra la Hacienda Pública la fiscalía pide también hasta 4 años de prisión, multas e inhabilitaciones, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de tener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante años.
Asimismo, imputa a varios integrantes un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
