45 detenidos por estafar a mayores haciéndose pasar por trabajadores de la Administración

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 45 personas de una organización criminal que estafaba a personas de avanzada edad en situación de vulnerabilidad haciéndose pasar por trabajadores de la Administración, llegando incluso a disponer de placas emblema falsas para ganarse la confianza de las víctimas. El perjuicio total asciende a más de 300.000 euros.

La investigación se inició en agosto de 2022 cuando los agentes detectaron múltiples denuncias por todo el territorio nacional que, si bien no guardaban relación entre ellas, obedecían a un patrón de conducta delictiva similar, lo que posteriormente derivó en un cruce de datos entre plantillas por el que se acreditó la relación entre los hechos investigados y una misma organización criminal.

Los agentes analizaron el perfil de las víctimas en todos los casos y detectaron que eran personas de avanzada edad que vivían solas y que habían realizado con anterioridad una compra de determinados bienes.

En concreto, los investigados obtenían los listados de las víctimas de empresas dedicadas a la venta a domicilio, cuyos trabajadores captaban el interés de los clientes con supuestas ofertas y regalos y, mediante información confusa, hacían que firmasen contratos para adquirir bienes por un precio superior a su valor de mercado.

En ocasiones las víctimas no disponían del dinero necesario para asumir la compra, por lo que firmaban un contrato con una financiera por el que se les concedía un préstamo con unos intereses muy elevados, lo que les permitía pagar mes a mes los productos, generando una deuda que se prolongaba durante varios años, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

En este contexto, los miembros de la organización criminal contactaban por teléfono con estas personas mayores haciéndose pasar por trabajadores de la Administración, como de juzgados, Hacienda o de la Guardia Civil.

Mediante estas llamadas engañaban a sus víctimas comunicándoles que había tenido lugar un juicio contra la entidad de crédito a través de la cual habían financiado con anterioridad sus compras y que el juez había fallado a su favor obligando a dicha entidad a devolverles el importe íntegro de dichas compras.

De este modo, con el pretexto de poder completar las devoluciones, y alegando que era necesario para poder ingresarles el dinero que les correspondía, solicitaban telefónicamente toda la información bancaria que les permitiría operar con sus cuentas con total libertad.

En caso de que los arrestados no obtuvieran la información por teléfono, y una vez que se habían asegurado de que la víctima vivía sola, concertaban una cita para acudir a su domicilio. Cuando se personaban en la vivienda, mostraban placas emblema falsas para acreditar que eran funcionarios públicos, ganarse su confianza y acceder al interior de la misma.

A partir de ese momento, con cualquier engaño y mediante el uso de técnicas de ingeniería social, conseguían la información bancaria necesaria. En algunas ocasiones, incluso portaban un datáfono y solicitaban a la víctima que introdujera su tarjeta bancaria y PIN para proceder a ingresarle la supuesta indemnización. Hecho esto, aprovechaban una distracción, motivada por una llamada telefónica previamente planificada, para abandonar el domicilio con la tarjeta y con cualquier objeto de valor que estuviese a la vista.

Conseguida la información bancaria de las víctimas, comenzaba el expolio sistemático de sus cuentas bancarias, ordenando un volumen ingente de transferencias de dinero no autorizadas a cuentas controladas por ellos mismos o realizando extracciones de dinero en efectivo. Esto generó un perjuicio total que asciende a más de 300.000 euros.

Un dispositivo policial coordinado ha conseguido finalmente desarticular la organización, deteniendo a sus 45 miembros, incluidos los máximos responsables, que han ingresado en prisión provisional.

Además, se han bloqueado 85 cuentas bancarias y realizado 17 registros simultáneos en las provincias de Alicante, Valencia, Toledo y Madrid, que han resultado en la intervención de 46 teléfonos, cinco vehículos de alta gama, 30.000 euros en efectivo, 30 relojes de alta gama, 97.000 euros en billetes falsos y un arma de fuego, entre otros efectos.