Absuelto el exdueño de Vitaldent de estafar a alumnos universitarios
La Audiencia de Madrid ha absuelto al empresario uruguayo Ernesto Colman, exdueño de las clínicas Vitaldent, de un delito de estafa con supuestos títulos de postgrado universitario falsos a ocho alumnos por lo que la Fiscalía pidió que fuera condenado a dos años y medio de prisión.
En una sentencia la Audiencia Provincial declara probado que la entidad Formación Vitaldent S.L., también conocida como Ces Vitaldent, de la que era administrador único Ernesto Colman (que ha estado defendido por Oliva-Ayala Abogados), fue creada para impartir cursos de formación y especialización a odontólogos y médicos.
La Fiscalía pide 4 años de prisión para el exdueño de Vitaldent por falsificar títulos
Añade que la actividad formativa se impartía en el Centro de Estudios Superiores Vitaldent, con sede en Madrid, y para el curso de postgrado de los cursos 2013-2014 y 2014-2015 se celebró un convenio con la Universidad Politécnica de Barcelona.
Los hechos
Ocho alumnos suscribieron en 2013 con Open Dent S.L., de la que era administrador Ernesto Colman, un contrato de préstamo para la realización de un curso de implantología al haberse matriculado en el curso de postgrado de cirugía, periodoncia, implantología y prostodoncia que impartía el Centro de Estudios Superiores Vitaldent.
El contrato exponía que una vez finalizado el curso los alumnos estarían capacitados para prestar sus servicios profesionales como implantólogos en cualquier clínica dental, haciéndoles entrega de un título universitario acreditado por la Universidad Politécnica de Cataluña. La suma prestada ascendía a 20.000 euros.
El ex dueño de Vitaldent en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros
La Sala explica que si al finalizar el curso el alumno obtaba por prestar sus servicios profesionales en una de las clínicas del grupo Open Dent S.L. el capital prestado había de ser devuelto mensualmente en dos años sin intereses.
Pero si optaba por no colaborar en una clínica de la red Vitaldent el capital prestado debía devolverse en doce meses con intereses.
La resolución añade que Formación Vital S.L. convino un contrato de prestación de servicio con el Instituto de Formación, Actividades Complementarias y Eventos (IFACE) en 2014 para la colaboración, redacción y asesoramiento en la consecución de un convenio de colaboración entre la Universidad de Córdoba y Ces Vitaldent.
Agrega que en virtud de ello el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba J.L.L:A. formalizó un contrato con IFACE para la dirección académica de un curso.
Explica que por ello Ces Vitaldent, tras el primer curso de postgrado, hizo saber a los alumnos que al finalizar el mismo además del título de la Universidad Politécnica de Cataluña se les expediría gratuitamente otro diploma, lo que motivó un aumento de las horas lectivas de clase.
Concluido el curso de postgrado de dos años concertado con Ces Vitaldent y acreditado por la Universidad Politécnica de Cataluña ésta otorgó el 22 de octubre de 2015 título a favor de los alumnos del máster en cirugía, periodoncia, implantología y protodoncia.
A su vez Ces Vitaldent les otorgó un diploma por su asistencia al curso de postgrado sobre la misma materia organizado por IFACE en contrato con la Universidad de Córdoba y con la dirección académica de J.L.L.A..Los diplomas aparecen suscritos por J.L.L.A. y representantes de Ces Vitaldent e IFACE y tienen un anagrama con la leyenda de Universidad de Córdoba.
La Audiencia concluye que "la mera estampación del anagrama de la Universidad de Córdoba en los diplomas no constituye alteración de elemento esencial del documento sin perjuicio de que su uso no autorizado conlleve las responsabilidades oportunas de otra índole diferente de la penal".
Añade que en todo caso no figura la firma del acusado en los diplomas ni se ha determinado que controlara el hecho de que se estampara el anagrama de la Universidad de Córdoba.
Esta no es la causa principal que afecta a Ernesto Colman, dado que el pasado mes de diciembre la Audiencia Nacional reabrió el procedimiento para que pueda abrirse juicio oral contra el empresario y medio centenar de personas por el supuesto fraude de las clínicas de este grupo cuando él era el propietario.
