La asociación Arcópoli ha expresado su preocupación por la sentencia de un juez que ampara al director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, que fue sancionado por la Comunidad de Madrid por enviar a los alumnos del centro -de ideario católico- una carta crítica con la ley contra la homofobia aprobada por el Gobierno regional.
Ayer se conoció que el Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha estimado el recurso de Carlos Martínez, director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, contr la multa de 1.000 euros que le impuso la Comunidad tras criticar el "dogmatismo" de la ley contra la homofobia en una carta a sus alumnos.
El juez sostiene en su escrito que, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, "la formulación de críticas, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público, salvo si lo expresado solamente trasluce ultraje o vejación".
Los hechos se remontan al inicio de curso escolar 2016-2017, cuando el director del colegio, en una carta dirigida a las familias, criticó la ley aprobada por la Comunidad de Madrid y calificó de "despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones", llegando a afirmar que "el parecido -de la ley- con el fanatismo terrorista es inquietante", y tildando de "barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre".
Pocos días después, la Consejería de Educación abrió una investigación reservada en el colegio, la cual se cerró el 22 de diciembre de 2016 con una sanción de 1.000 euros al ser considerada una infracción leve usar "expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad".
Arcópoli, en un comunicado, ha mostrado su "preocupación" por la sentencia favorable al director y ha exigido que se haga cumplir la ley LGTB.
"Respetamos completamente la libertad de expresión del director del colegio y de cualquier otra persona, pero el adoctrinamiento de niñas y niños en clase comparando la formación en igualdad con el 'fanatismo terrorista' nos parece que no puede caber en aulas sufragadas con dinero público", argumenta Arcópoli.
De ahí que vuelva a pedir una vez más que se retire el concierto a este centro educativo, del que aún no se sabe "si cumple con los artículos 30 y 31 de la ley de fomento del respeto y la visibilidad LGTB en los colegios".
