Aumentan las denuncias en España por discriminación racial. Es la principal conclusión del informe anual que acaba de presentar SOS Racismo. Destaca además este año el incremento de las denuncias por racismo institucional, el que ejerce, según los denunciantes, la propia Administración.
309 DENUNCIAS
España registró un total de 309 denuncias por discriminación racial durante el 2016, lo que supone un 25% más que en el año anterior (247 casos), y en especial por racismo institucional, según las conclusiones del informe anual sobre el racismo en el Estado español 2017 elaborado por la Federación estatal de SOS Racismo.
El informe, que ha sido presentado este viernes 15 de septiembre en Madrid, refleja que la mayor parte de las denuncias que llegan a las Oficinas de Información y Denuncia (OID) de SOS Racismo en España tienen que ver con el racismo institucional (82), seguidas de los conflictos y las agresiones racistas (51).
Asimismo, se han presentado denuncias por problemas con la seguridad pública (46), denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (39), discriminación laboral (40), denegación de acceso a servicios privados (6.48%), problemas relacionados con agentes de la seguridad privada (40) o casos relacionados con la extrema derecha o el discurso del odio (11).
Según ha investigación, el racismo institucional se mantiene en "niveles altos". Así, en 2014 este tipo de discriminación suponía el 23% del total de denuncias, mientras que en el 2015 descendió un punto y en el 2016 ha aumentado hasta el 26%. Las denuncias del pasado año han tenido que ver con hechos relacionados con trámites de extranjería (56%), nacionalidad (27%), Centros de Internamiento CIE (7%) y denuncias referidas a actuaciones de cuerpos de seguridad.
INDIDENTES CON PERSONAL DE SEGURIDAD
Los incidentes relacionados con cuerpos policiales y personal de seguridad privada, según se recoge en el estudio, han sido objeto de "abundantes" denuncias en los datos recogidos correspondientes a los tres últimos años. En el año 2014 suponían el 22% de las denuncias registradas, descendiendo al 18% en 2015 y al 15% en el 2016.
Respecto los conflictos y agresiones racistas, el estudio apunta que en el año 2015 supuso, con diferencia respecto al resto, el primer tipo de discriminación registrado con el 28% de los casos, para situarse en el año 2016 en niveles similares al año 2014, (19% y 16%, respectivamente). Así, el 45% de estos hechos se han producido en el ámbito vecinal, mientras que un 39% se ha dado en el espacio público.
Por otro lado, en 2016 se han registrado 39 casos de denuncia por denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos, un 31% sobre la asistencia sanitaria, un 5% sobre empleo, y un 64% respecto a otras administraciones. Además, se ha documentado 40 casos por la denegación de acceso a prestaciones y servicios privados, un 28% relativos a la vivienda, un 30% a locales de ocio y restaurantes y un 7% a entidades bancarias.
De este modo, la denegación el acceso a prestaciones y servicios privados ocupó el 11% del total de denuncias en el año 2014, frente al 8% en el 2015 y al 13% en el 2016; mientras que en el caso de las prestaciones y servicios públicos descendió del 18% al 12% entre los años 2014 y 2015 y se mantiene en este mismo porcentaje en el 2016.
La discriminación laboral aumentó del 4% en el 2014 al 11% en el 2015 y se ha mantenido en estos porcentajes en el 2016 con un 13%. El documento señala también que los incidentes relacionados con extrema derecha y el discurso del odio hacen referencia a denuncias por contenidos racistas en redes sociales y pintadas.
En relación con los delitos de odio, el informe refleja que, por primera vez desde hace cuatro años, en 2016 se observa un descenso en el número de atestados policiales de un 4,2% en relación a 2015, en base a los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior sobre incidentes relacionados con delitos de odio.
Respecto a la edad de los denunciantes, tan solo dos personas eran menores de 18 años. Además, la mayoría son personas en situación regular, (177), frente a un total de 57 que no lo estaban. El estudio muestra también que 66 proceden de algún Estado miembro de la Unión Europea, entre los cuales, la mayoría eran personas de nacionalidad española.
