Cae una red que traficaba con gases de efecto invernadero en media España
Se han incautado 110 toneladas de diferentes gases valorados en 11 millones de euros
Una veintena de detenidos y varios investigados en esta trama de posible fraude fiscal y delitos ambientales
EFE
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una red que traficaba con gases de efecto invernadero en 15 provincias, entre ellas Madrid, en una operación en la que se han incautado 110 toneladas de diferentes gases valorados en 11 millones de euros.
Especialmente traficaban con gas fluorado, empleado para la refrigeración y del que los investigadores han destacado su alto efecto contaminante: equivaldría a realizar un vuelo Madrid-París 3.960 veces o a las emisiones de dióxido de carbono de 15 millones de vehículos durante 100 kilómetros, y provocarían que se fundiesen 75.000 metros cuadrados del casquete del Polo Norte.
El cabecilla del entramado se encontraba en Valencia y la red se distribuía por las provincias de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva, Almería, Badajoz, Murcia, Alicante, Albacete, Toledo, Salamanca y Madrid.
Así lo han explicado este martes en una rueda de prensa para dar cuenta de la operación Marum, en la que también han colaborado Europol y la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), y que se ha saldado con 27 detenidos y 3 investigados.
Seis de ellos se encuentran en prisión preventiva como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra el medio ambiente, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y tráfico de drogas.
La organización desarticulada importaba los gases mayoritariamente desde China y posteriormente simulaba que los exportaba a otros países. No obstante, los investigadores han determinado que se trataba de una simulación y que éstos eran distribuidos a diferentes puntos de España.
De este modo, vendían los gases en el mercado negro tres veces por debajo del precio del mercado y evitaban pagar los gravámenes impuestos por la Unión Europea y España, destinados a compensar el agravio al ecosistema que supone su uso.
Por ello, Hacienda dejó de percibir cerca de 3,5 millones de euros, además del perjuicio competitivo que suponía para el sector.
El jefe de la Unidad Central Operativa Medioambiental de la Guardia Civil, Carlos Astrain, ha destacado que estos gases contaminantes son los que "provocan el cambio climático", y que por ello están limitados en la Unión Europea y gravados con un impuesto adicional en España.
"Los gravámenes son independientes del precio del gas en sí mismo, dependen de su capacidad de contaminación. En este caso suponen una parte importante del precio final del gas, hasta un 50 por ciento del total", ha añadido Javier Zazo, jefe de la oficina nacional de investigación de Aduanas.
La red introducía a través del puerto de Valencia toneladas de gas que supuestamente viajarían por varios países de la Unión Europea hasta su destino final en un tercer país como Jordania, aunque realmente esa mercancía se quedaba en España.
Para facilitar la circulación y distribución de la mercancía por el territorio español, habían creado una empresa fantasma en Portugal que supuestamente era destinataria de la mercancía, lo que otorgaba apariencia de legalidad a los transportes del gas.
En los 30 registros realizados –domiciliarios y en empresas– participaron 180 agentes de diferentes cuerpos que intervinieron 364.000 euros en metálico, varios vehículos de alta gama, gran cantidad de documentación, 435 gramos de cocaína base y 435 comprimidos de éxtasis, además de otros efectos utilizados para el tráfico de drogas.
Aunque el grueso de la investigación no se ha centrado en el tráfico de drogas, sino en el de gases, los investigadores han insistido en los paralelismos que existen entre ambos tipos de entramados delictivos.
"Tienen todos los elementos asociados al crimen organizado, pero en este caso en vez de traficar con drogas traficaban con elementos que afectan al medioambiente", ha puntualizado José Antonio Alfaro, jefe de delitos medioambientales de Europol.
Las investigaciones comenzaron en septiembre de 2021, cuando el SEPRONA comprobó que en distintas localidades de Granada se estaba vendiendo de manera clandestina gas refrigerante de efecto invernadero (GEI) importado de China a un precio tres veces por debajo del precio de mercado.