En solo seis operaciones la UCO y la Agencia Tributaria han destapado un fraude de impuestos en las gasolinas de 280 millones de euros, cifra similar a los presupuestos de la Diputación de Málaga y una cantidad con la que se podrían arreglar 4.300 kilómetros de carreteras o construir 10 colegios.
Un fraude detectado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y los de la Agencia Tributaria en operaciones conjuntas durante el último quinquenio y que han demostrado como este delito es "muy goloso" para operadoras poco escrupulosas debido al importante volumen de beneficios que genera.
Responsables del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO explican a Efe el "modus operandi" de estas organizaciones para defraudar a Hacienda tanto el IVA como el Impuesto Especial de Hidrocarburos, así como el arduo trabajo de los investigadores para tratar de recuperar el máximo de dinero posible de lo defraudado (hasta ahora han conseguido la mitad, es decir, 139 millones).
En primer lugar ponen sobre la mesa las cifras. Desde 2012 y hasta finales del año pasado, la UCO y la Agencia Tributaria o sus diferentes órganos han llevado a cabo seis grandes operaciones por la práctica totalidad del territorio nacional, como 194 detenidos y 129 registros.
Lo defraudado por esos grupos delictivos asciende a 280 millones de euros, cifra que iguala el presupuesto consolidado de la Diputación de Málaga para 2017 y con la que se podrían construir al menos diez colegios públicos si se tiene en cuenta la media que cuesta un centro básico.
Y si se hace caso a las cuentas de la Asociación Española de la Carretera, con ese dinero que el Estado ha dejado de ingresar podrían mejorarse algo más de 4.300 kilómetros de la red viaria a razón de 65.000 euros cada uno.
Son solo tres ejemplos de cómo al contribuyente de a pie le puede afectar ese fraude, que perjudica aún más al sector, ya que se ve arrastrado por la competencia desleal de los precios más bajos que ofertan las operadoras delictivas y, en muchas ocasiones, está abocado a imitar esas mismas prácticas.
Dos son los "modus operandi" que ha constatado la UCO. El primero de ellos, como se ha demostrado en la reciente operación "Burlao", con 21 detenidos y un fraude destapado de 24 millones, comienza con la constitución de una operadora que, legalmente, adquiere hidrocarburos en los depósitos fiscales, una compra que está exenta de IVA.
Ese combustible lo distribuyen a los minoristas -las gasolineras fundamentalmente-, a los que repercuten un IVA del 21 %. Hasta aquí, todo aparentemente legal. Porque ese impuesto repercutido no lo pagan tal cual a Hacienda, sino que lo compensan con un IVA soportado de otras actividades secundarias, generalmente ficticias, de empresas pantalla.
De este modo, del IVA repercutido a los clientes restan el impuesto soportado por esas otras actividades y el resultado es un porcentaje mínimo a declarar a Hacienda, pero un beneficio máximo.
Un claro ejemplo de esta forma de actuar es la organización, dirigida por italianos, que se desarticuló en la "Burlao". La red contaba con una actividad paralela a la de la operadora de hidrocarburos que, supuestamente, se dedicaba a la compraventa de metales preciosos, pero en realidad los paquetes que movía no contenían oro, como declaraba, sino cobre o curry.
Al IVA repercutido a las gasolineras le restaban el soportado por esa actividad de compraventa ficticia y pagaban a Hacienda un porcentaje casi irrisorio. Fue desarticulada a tiempo, porque, como explican a Efe los responsables de la investigación de la Guardia Civil, ya tenían en marcha dos operadoras más, dadas de alta para comenzar a funcionar, y su intención era adquirir gasolineras hasta contar con cien en dos años.
Si no hubiera sido por la operación de la UCO y la Agencia Tributaria, el negocio hubiera sido redondo, ya que la organización hubiera contado con clientes de su propiedad, que podrían haber entrado en el mercado con precios agresivos y "engullir" a sus competidores. El otro "modus operandi" del fraude es más sencillo. Su mejor ejemplo es la operación "Reata", también de este mismo año, con 9 detenidos y 11 millones defraudados.
La red compraba el combustible, lo distribuía con un IVA repercutido y no lo declaraba a Hacienda, que cuando lo reclamaba se encontraba con peticiones de prórroga, documentos falsificados o, simplemente, con la operadora ya desaparecida y testaferros ilocalizables. Mientras, la organización constituía otra operadora que heredaba la cartera de clientes de su antecesora, pero cuyos vínculos era difícil demostrar.
Ambas modalidades se codean con otra que, además, pone en peligro la salud de los motores: adulterar el combustible y venderlo como gasóleo A cuando es B, por ejemplo. Más de cien detenidos y un fraude de 10 millones fue el resultado de la operación "Nehar" en 2014 en 23 provincias. Y muchas denuncias de coches dañados.
La operación "Bashnya" en 2012 (120 millones de fraude), la "Walkers" en 2013 (100 millones) y la "Zelote" en 2015 (15 millones) completan las seis actuaciones más importantes en el quinquenio. Si algo une a estas diferentes formas de fraude, además del combustible, es la dificultad para encontrar al jefe de la organización, escondido entre tanto testaferro, y para recuperar la mayor cantidad posible de lo defraudado.
Porque todas estas tramas depositan en cuentas del extranjero la mayor parte de sus beneficios ilícitos. A pesar de las comisiones rogatorias, no todos los países colaboran por igual y en varios casos es necesaria una negociación para que al menos retorne a España la mitad.
Es uno de los trabajos que a los agentes les queda pendiente una vez explotada la operación. Porque tras los detenidos, los registros y la cuantificación del fraude hay infinidad de documentos en papel y en soporte informático para mirar con lupa.
