Ecologistas y Greenpeace califican la situación en Fukushima de "catastrófica"

  • Tres años después de Fukushima, Japón reabre la puerta a las nucleares

Ecologistas en Acción y Greenpeace consideran que la situación en la central nuclear de Fukushima Daiichi y en su entorno, es "catastrófica", tres años después del accidente que sufrió la planta a raíz del tsunami que siguió a un terremoto de 9 grados de magnitud.

En este sentido, han manifestado a Europa Press que, a pesar del tiempo transcurrido y de que Japón es una potencia tecnológica, la situación en Fukushima "sigue siendo catastrófica" se siguen produciendo sucesos nucleares como fugas de agua radiactiva, que están llegando al agua y al suelo y en la zona hay una radiación de 1 sievert a la hora, lo que significa que si alguien entra en contacto con ese agua moriría en pocas horas.

En cuanto a la situación de la población, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, ha manifestado que esta es la tarea de descontaminación más grande de toda la historia porque se está tratando de limpiar un área enorme de todos los radioisótopos, mientras que unas 52.000 personas siguen viviendo fuera de sus casas, en viviendas prefabricadas y que los niños de las poblaciones cercanas tienen limitado el tiempo de juego al aire libre, lo que influye en su salud física y psíquica.

Además, cree que "lo peor de lo que queda por delante" es el desmantelamiento de la planta, ya que no hay precedentes de desmontaje en reactores total o parcialmente fundidos, como es el caso de los reactores 1, 2 y 3. Hasta ahora, los precedentes en esta situación se han cubierto con un sarcófago, como en el caso de Chernóbil (Ucrania), o se han sellado con hormigón, como en el caso de Three Miles Island (Estados Unidos).

En este caso no es uno reactor, sino tres y el recinto es bastante mayor.

De este modo, Castejón cree que aún faltan dos o tres años para que la descontaminación sea efectiva y los niveles de radiación puedan estar por debajo de lo permitido y la población pueda volver a sus casas. En todo caso, ha añadido que en un radio de tres kilómetros de radio de la planta atómica seguirá siendo inhabitable durante

Asimismo, aún se deberá seguir inyectando agua de mar para mantener los reactores fríos porque el accidente aún sigue sin controlar. El recinto de la central, tres kilómetros de radio, va a resultar inhabitable durante miles de años. Así, ha puesto de ejemplo que en España hay municipios situados a menos de tres kilómetros de centrales nucleares, como en Trillo (Guadalajara).

De este modo, el portavoz ecologista concluye que después de cada accidente se extraen conclusiones y se aplican lecciones, pero "siempre habrá algo que se escape al conocimiento y las consecuencias son catastróficas". Además, ha recordado que en Fukushima el iniciador del accidente fue el tsunami, un suceso externo, lo que demuestra que, por mucho que se controle la central, no es posible el control absoluto.

Tras el accidente, según ha recordado algunos países "se empeñaron" en mantener sus programas nucleares y otros han cerrado sus plantas o las cerrarán progresivamente. Sin embargo, Finlandia sigue adelante con la construcción de su quinto reactor, Francia mantiene todas sus empresas y Reino Unido está planificando una nueva central.

Respecto a España, ha lamentado que el Gobierno se empeñe "más que los dueños" en reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

En este contexto, ha criticado que el Gobierno haya legislado varias veces para intentar que Garoña vuelva a operar, lo que significa que el Ejecutivo está "legislando a la medida de una empresa privada".

FUKUSIMA, IGUAL QUE GAROÑA

Por su parte, la responsable del programa de energía y cambio climático de Greenpeace, Raquel Montón, ha asegurado a Europa Press que "las cosas están igual o peor" porque las víctimas llevan "tres años abandonadas en el limbo" y sigue habiendo 30.000 personas habitando viviendas "provisionales" de dos habitaciones.

Asimismo, ha lamentado que la población no está cobrando unas indemnizaciones que, por otro lado, son insuficientes y no volverán a sus casas por mucho que el Gobierno que es seguro, ya que no se fían de sus mediciones.

En este contexto, ha calificado de "escandaloso" que los fabricantes de componentes y equipos nucleares sigan sin tener responsabilidad civil ante cualquier tipo de fallo o accidente y que la legislación señale que no se puede reclamar de un país a otro, de acuerdo con el Convenio sobre indemnización suplementaria por daños nucleares.

Respecto a las pruebas de resistencia efectuadas en el parque atómico español tras el accidente en el país nipón, se calcula que las plantas francesas deberán invertir unos 50.000 millones de euros para adaptarse a los nuevos requerimientos de los estrés test. En estas mejoras no se incluye las pertinentes por envejecimiento de cada reactor.

A su juicio, Europa debería plantearse la edad de su parque nuclear e ir cerrando las centrales a medida que van cumpliendo 40 años porque los fallos pueden llegar desde fuera y porque Fukushima, que "desbordó todas las previsiones", ha demostrado que el riesgo "no es nunca cero".

MÁS DE 1.600 MUERTOS POR LA EVACUACIÓN

En cuanto a las repercusiones sociales ha apuntado que, de acuerdo con un informe de Cruz Roja, hay más muertes por el estrés provocado por el accidente, la evacuación y no poder volver a sus casas que las propias del propio accidente.

Según el periódico japonés Manichi, en diciembre de 2013 en la prefectura de Fukushima, el número de muertes indirectas de la evacuación, que asciende a 1.605 personas, superó los directamente causadas por el terremoto y tsunami.

A nivel local, ha manifestado que la realidad nuclear en España "es el colmo" porque se intenta dar una tercer oportunidad a los dueños de Garoña (Burgos), cuyo reactor es "exactamente igual" al de Fukushima y tiene "los mismos problemas" que aquel. "Si algo aprendimos de Fukushima, igual que en Garoña, es la existencia de la connivencia de operadores, regulador y el Gobierno", ha denunciado.

Finalmente, ha denunciado que en España el Ejecutivo hace "leyes al dictado de las eléctricas, siguiendo el guión de Fukushima. Montón ha valorado que es fácil hacer un paralelismo" con lo que ocurría en Japón antes "del peor accidente nuclear de la historia que se produjo por fallos humanos", y concluido que la nuclear no es inocua ni tiene riesgo cero.

JAPÓN REABRE LA PUERTA A LAS NUCLEARES

Tres años después de que un terremoto de 9 grados y el tsunami posterior causaran uno de los peores accidentes atómicos de la historia en la planta japonesa de Fukushima, el Gobierno nipón se dispone a reactivar sus centrales y a depender de nuevo de la energía nuclear.

A su llegada al poder, en diciembre de 2012, el primer ministro, Shinzo Abe, apuntó tímidamente que su Gobierno meditaría retomar o no la vía atómica a lo largo de los tres próximos años.

Apenas 15 meses después, la decisión parece ya tomada, pese a que las encuestas reflejen que entre el 45 y el 55 por ciento de los japoneses es contrario a la reactivación de los reactores y las consecuencias del desastre atómico aún están muy presentes en el noreste del país.

Hoy mismo, los medios nipones han destacado que en el último año más de medio millar de evacuados por la crisis nuclear de Fukushima han presentado nuevas denuncias contra el Estado japonés y contra la operadora de la planta de Fukushima, Tokyo Electric Power (TEPCO), por los daños causados por el accidente.

El Gobierno parece determinado, en cualquier caso, y la mejor prueba es el reciente borrador del que será el primer plan energético trazado tras el accidente y en el cual se califica la energía nuclear como "una fuente eléctrica importante" y se defiende la reactivación de los reactores detenidos desde 2011.

De este modo, está previsto que paulatinamente los 48 reactores que posee el país en la actualidad vayan retornando a la actividad a lo largo de este año.

Para ello Japón ha tenido que crear un nuevo órgano regulador de la energía nuclear que sustituyera a la Agencia para la Seguridad Nuclear e Industrial (NISA), duramente criticada tras el accidente de Fukushima por depender del Ministerio de Industria, que tradicionalmente promovió el uso de la energía nuclear.

El nuevo organismo, la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), ha sido el encargado de elaborar los nuevos criterios de seguridad, más estrictos, que los reactores deberán cumplir para volver a operar comercialmente.

Pese a que el nuevo borrador propone impulsar las renovables y no establece claramente en qué nivel se quiere depender de lo nuclear, este enfoque parece dejar en la cuneta el objetivo que se marcó el Gabinete del antecesor de Abe, Yoshihiko Noda, que consistía en abandonar la energía nuclear en la década de 2030.

El actual jefe de Gobierno llegó al poder con el idea primordial de sacar a la economía nacional de un letargo de dos décadas y es con ese argumento con el que Abe ha sustentado la necesidad de volver a depender de la fisión nuclear.

Entre las cifras que lo sustentan se cuentan los 19 meses consecutivos de déficit comercial cosechados por Japón, país que tradicionalmente ha sido una potencia exportadora y que ahora registra saldos negativos en parte por el fuerte desembolso que debe realizar para adquirir combustibles fósiles.

Éstos sirven para alimentar las centrales térmicas que han tenido que compensar la falta de generación nuclear -antes del accidente de Fukushima un 30 por ciento de la electricidad en Japón venía de las plantas atómicas- desde 2011.

De este modo, el país asiático gastó a lo largo de 2013 en hidrocarburos 27,43 billones de yenes (193.144 millones de euros o 267.639 millones de dólares) lo que supone un 57,6 por ciento más con respecto a 2010.

Entre tanto, la planta de Fukushima, donde avanzan día a día unas labores de desmantelamiento que llevarán tres o cuatro décadas, ha registrado este año nuevas fugas de agua radiactiva que hacen dudar aún sobre el control de la crisis en el recinto.

Una incertidumbre que le pesa aún más a las cerca de 50.000 personas que residían en torno a 10-20 kilómetros de la central y que permanecen evacuadas sin saber aún, tres años después del accidente, si podrán o no volver a sus casas algún día.