El 97% de los consumidores recibe llamadas comerciales pese a estar prohibido desde junio
Según denuncia Facua
Han participado 6.065 consumidores entre los días 20 y 22 de septiembre
El 96,6% de los consumidores recibe llamadas comerciales no solicitadas, a pesar de que están prohibidas desde finales del pasado junio, según una encuesta realizada por la organización de consumidores Facua, ha informado en un comunicado.
La encuesta, en la que han participado 6.065 consumidores entre los días 20 y 22 de septiembre, pone de manifiesto que el 56,9 % de los encuestados afirma que ha recibido más de cinco llamadas comerciales en el último mes.
Además, el 57,4 % de los afectados que ha solicitado expresamente al teleoperador que no vuelvan a molestarle ha recibido posteriormente una nueva llamada ofreciéndole los servicios de la misma empresa.
Los servicios con mayor número de llamadas comerciales no autorizadas son los de telecomunicaciones, mencionados por el 72,4 % de los consumidores que dicen haberlas recibido, seguido de los energéticos, nombrados por el 62,1% de los encuestados.
A gran distancia se sitúan los seguros (22 %), las llamadas para ofrecer alarmas (5,3 %) y préstamos (5,3 %), según la encuesta de Facua.
Solo el 8,6 % de los consumidores dice saber cómo denunciar las llamadas comerciales no solicitadas y nada más que el 1,5 % afirma haber presentado una denuncia por este motivo.
La Ley de Telecomunicaciones señala que los consumidores tienen derecho "a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales".
La prohibición, vigente desde el pasado 29 de junio, también señala que no se deben "recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello".
Facua aconseja a los usuarios que, si reciben llamadas comerciales sin que las hubieran autorizado, pueden interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de esta normativa.
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