El Defensor del Pueblo denuncia descoordinación en las ayudas a víctimas de violencia machista
- En un escrito remitido a la Subsecretaría de la Presidencia
El Defensor del Pueblo ha alertado al Gobierno de que las "diferencias de criterio" entre los ministerios están perjudicando a las víctimas de la violencia machista y la credibilidad del sistema de protección y le ha instado a reformar la ley integral contra la violencia de género.
En un escrito remitido a la Subsecretaría de la Presidencia, Angel Gabilondo le pide que, en el marco de sus competencias de coordinación interministerial, tome las medidas oportunas para reformar la citada ley con el fin de atender y proteger a las víctimas directas e indirectas de todas las formas de violencia de género.
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La ley integral, aprobada en 2004, se centra en las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas, pero el Convenio de Estambul, ratificado por España, exige incluir a todas las víctimas de violencia machista. El Ministerio de Igualdad planteó una reforma en ese sentido en 2021, pero la iniciativa no ha prosperado.
EL ORIGEN: DOBLE ASESINATO MACHISTA EN VITORIA
Tras la recomendación del Defensor al Gobierno está la queja de un hombre de Vitoria. En 2018 su madre y su hermana fueron asesinadas por la expareja de esta última.
Dos niños quedaron huérfanos y él, el tío, se hizo cargo de ellos junto al abuelo, que quedó viudo.
Fue el abuelo quien solicitó a Hacienda una ayuda como víctima indirecta de un delito violento por la muerte de su mujer, una ayuda que se concede con independencia de la situación económica del afectado en los casos de violencia de género.
Tuvo hasta tres resoluciones negativas: su mujer no podía ser considerada víctima de violencia de género, ya que según el artículo 1 de la ley integral, estas han tenido que estar ligadas con el agresor por una relación de afectividad.
Con el "no" definitivo del Ministerio de Justicia la familia se dirigió al Ararteko -Defensor del Pueblo del País Vasco-, desde donde el caso llegó a la oficina de Gabilondo.
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IGUALDAD Y JUSTICIA DE ACUERDO, PERO NO SE VEN COMPETENTES
El Defensor se dirigió a los ministerios de Justicia e Igualdad para instarles a realizar las reformas legislativas necesarias para ampliar el ámbito de protección de ese artículo y, mientras no se produjera la modificación, garantizar la atención a estas víctimas directas e indirectas de las otras formas de violencia de género no incluidas en la ley.
Pero, indica, ambos departamentos rechazaron sus recomendaciones porque, "aunque están de acuerdo con el contenido de las mismas, no se consideran competentes para llevarlas a cabo".
El secretario de Estado de Justicia le dijo expresamente que el departamento competente era la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, del Ministerio de Inclusión, que aceptó la recomendación, pero que tampoco se consideró competente "porque se trata de un tema multidepartamental y no tiene las competencias de coordinación necesarias".
Igualdad indicó al Defensor que, en este caso, el hombre debería haber sido beneficiario de las ayudas. "Todo ello denota las diferencias de criterio en estos temas que se están produciendo entre departamentos ministeriales, con el consiguiente perjuicio, no solo de los usuarios, sino de la credibilidad del sistema de protección creado por la Ley", alerta Gabilondo a Presidencia, destinataria ahora de sus recomendaciones.
"UNA PESADILLA"
Hace menos de dos semanas hablaba con EFE, Inma, hermana e hija de las víctimas mortales tras este caso, que relataba los interminables y costosos trámites burocráticos y judiciales que ha tenido que afrontar la familia desde aquel 20 de abril de 2018 en el que su excuñado cometió el doble asesinato.
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A pesar de reconocer los pasos adelante que se han dado desde entonces, con mejoras normativas como el reconocimiento de los huérfanos como víctimas de la violencia machista y el incremento de las pensiones que les quedan, todo el periplo ha sido "una pesadilla".
Desde pedir la custodia de los niños a intervenir los bienes del asesino, condenado a 47 años de cárcel cuatro años después del crimen. "Tuvo tiempo de vender un piso, un coche y de sacar el dinero de su cuenta antes de que se la congelaran. Si te deshaces del dinero eres insolvente y ni pueden indemnizar a nadie", denuncia.
Entre sus peticiones a las administraciones, simplificar y reducir los trámites, también para no tener que "ir de institución en institución contando una y otra vez la historia.
