El Tribunal Constitucional suspende varios artículos de la ley trans y LGTBI de Madrid

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del Gobierno contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid y ha suspendido varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.

Como también hizo el Defensor del Pueblo, el Ejecutivo central llevó ante la corte de garantías diversos preceptos de esas dos normas autonómicas al considerar que vulneraban la Constitución e invadían competencias exclusivas del Estado.

Al admitir a trámite su recurso, el pleno del Tribunal Constitucional suspende la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que también figura el que permite el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Ejecutivo considera que supone una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión.

El TC ya estaba estudiando la constitucionalidad de la ley trans madrileña, después de que el Defensor del Pueblo recurriese el inciso que establece como "requisito necesario" para iniciar el tratamiento farmacológico que los menores "reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil" y si existe comorbilidad -dos o más enfermedades al mismo tiempo-, recibir un informe médico favorable.

Como el Defensor, también el Gobierno cree que este precepto supone una "patologización de los menores" y choca contra los derechos reconocidos en la ley trans nacional.

Competencias exclusivas del Estado

Al anunciar el recurso, la titular de Igualdad, Ana Redondo, consideró también "claramente discriminatorio" que la norma detalle que las personas trans pueden usar espacios o equipamientos "sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres".

Una cita que para la ministra da a entender que las mujeres trans ponen "en peligro los derechos del resto de mujeres".

El TC también estudiará esa parte de la norma y analizará si, como dice el Gobierno, ambas leyes madrileñas invaden competencias exclusivas del Estado al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito.

El Ejecutivo cree que las mencionadas leyes, aprobadas en 2023, modifican dos leyes autonómicas previas en un sentido regresivo para los derechos de las personas LGTBI.

"Proteger siempre a los menores"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió que las reformas de la 'ley trans' y la Lgtbi de su Ejecutivo "se han hecho desde el respeto a la Constitución.

La presidenta madrileña aseguró que se ha legislado "siempre primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales".

En esta misma línea se ha pronunciado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que ha sostenido que la Ley Trans autonómica es "plenamente constitucional" y defiende el empeño del Gobierno autonómico por la protección a los menores "frente a la ideología".

Dávila ha subrayado que la Comunidad acatará la decisión del TC pero consideran que se trata de una ley "plenamente constitucional" que "responde básicamente al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales", entre otros, "de la pediatría y de la salud mental infantojuvenil".

"Este Gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible y, sobre todo, para que primen los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología", ha concluido la consejera.