El jurado halla culpable por unanimidad al acusado del triple crimen de Valga

José Luis Abet, acusado de asesinar a su exesposa Sandra Boquete, a su excuñada Alba y a su exsuegra María Elena en Valga (Pontevedra) en el año 2019, ha sido declarado este martes culpable de este triple crimen, según ha determinado el jurado por unanimidad.

Tras más de seis horas de deliberación, el tribunal ciudadano ha concluido que mató a las tres mujeres "de manera intencionada" y ha apreciado su responsabilidad por las lesiones psíquicas a los dos hijos de la pareja, los cuales presenciaron la matanza; y por tenencia ilícita de armas.

El jurado ha considerado probado, por unanimidad de sus nueve miembros -siete mujeres y dos hombres-, que el día de los crímenes, el 16 de septiembre de 2019, José Luis Abet acudió a casa de su exesposa Sandra Boquete "con la intención de acabar con su vida".

Lo hizo portando un revólver con el número de identificación borrado que había adquirido días antes junto con una caja de munición, a pesar de que no tenía licencia de armas.

Bloqueó con su coche la entrada de la finca para lograr que su exmujer, que salía de casa para llevar a sus dos hijos al colegio, se viese obligada a detenerse, momento que aprovechó para asestarle cuatro tiros, uno en la cabeza, dos en el cuello y un cuarto en el pecho.

Lo hizo, según ha apuntado el jurado en su veredicto, en presencia de sus dos hijos, que estaban en los asientos traseros del coche de su madre, y de manera "sorpresiva", lo que provocó que su exesposa "no tuviera posibilidad alguna de defenderse".

Cuando José Luis Abet se marchaba con su coche, después de matar a Sandra, se cruzó con el vehículo en el que iban las otras dos víctimas, su exsuegra María Elena y su excuñada Alba, que habían recibido una llamada de auxilio por parte de Sandra.

Al verlas, éste "dio la vuelta rápidamente", ha relatado la portavoz del jurado, y las persiguió hasta la casa de Sandra, en donde disparó cuatro veces contra su exsuegra y otras tres contra su excuñada, matándolas en el acto y sin que pudieran defenderse.

Los tres crímenes los cometió, según considera probado el tribunal popular, porque Abet sentía un "profundo desprecio" por su expareja, "a la que consideraba inferior por su condición femenina" y a la que mató, han añadido, "como un acto de posesión y dominación".

Por el contrario, el jurado sentencia que no ha quedado acreditado que el acusado estuviese "alterado" psíquicamente cuando cometió los asesinatos, por lo que sostienen que "comprendía lo que estaba haciendo" y estaba en posesión de todas sus capacidades.

A la vista de este veredicto, la Fiscalía ha solicitado para José Luis Abet la pena de prisión permanente revisable, 25 años de cárcel por el asesinato de su exesposa, otros 25 por el de su exsuegra, 3 años por el delito de tenencia de armas y 10 años por las lesiones psíquicas que los crímenes causaron a sus dos hijos.Además, la fiscal ha reclamado que se le impida residir o acercarse al municipio de Valga durante 35 años y que se le retire definitivamente la patria potestad sobre sus hijos.

A estas peticiones se han adherido todas las acusaciones particulares, en representación de la familia de las víctimas, la Xunta de Galicia y la Fundación Amigos de Galicia, si bien el abogado de los primeros, Manuel Martín, ha elevado la petición con respecto a las lesiones psíquicas sufridas por los menores, reclamando 20 años de cárcel, diez por cada uno de ellos.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía exige que José Luis Abet indemnice a cada uno de sus hijos con 341.000 euros -que las acusaciones elevan a 500.000 euros- y al abuelo de los menores con 475.000 euros, por la muerte de su esposa y sus dos hijas.

A esta petición suma otros 340.000 euros para la abuela de Sandra, que perdió a su hija y a sus dos nietas en el crimen, 70.000 euros para cada uno de los hermanos de María Elena y 110.000 euros más para la pareja de Alba.

La defensa, por su parte, pide que se le imponga al acusado la pena por tres delitos de asesinato en su grado mínimo y ha señalado que considera "excesivas" las indemnizaciones reclamadas, advirtiendo que su cliente "no tiene capacidad económica para asumirlas"