El proyecto para borrar la palabra 'disminuidos' de la Constitución cumple un año dormido

Un año después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al proyecto de reforma de la Consitución para eliminar el término "disminuidos", la iniciativa permanece congelada en el Congreso y las personas con discapacidad llaman a las fuerzas políticas, y en especial al PP, a no dejar pasar otra legislatura.

Hay consenso social en torno a la necesidad de borrar ese término anticuado y peyorativo del artículo 49 de la Constitución y de reconocer los derechos de las personas con discapacidad, pero el consenso político se rompió cuando el proyecto llegó al Congreso.

PP y Vox consideraron peligroso que un gobierno respaldado por partidos independentistas abriera el melón constitucional y, aunque la iniciativa superó sus enmiendas a la totalidad, lleva meses parada en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

Las miradas están puestas ahora en los populares, después de que Alberto Núñez Feijoo, tras su primera reunión como líder el PP con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluyera este tema en la lista de asuntos que se van a negociar.

"SOY SORDA, NO DISMINUIDA, AUNQUE LO DIGA LA CONSTITUCIÓN"

Con esta frase, la periodista Vicky Bendito inició en el verano de 2018 una recogida de firmas para pedir al Congreso y al Gobierno el cambio constitucional y, para su sorpresa, cerca de 82.000 personas respaldaron su propuesta en poco tiempo.

Cuando el Ejecutivo de Sánchez aprobó el proyecto se mostró feliz, pero, tras varios años trabajando de periodista parlamentaria, prefirió ser cauta: "No me quedaré tranquila hasta no verlo negro sobre blanco", señaló entonces.

"Los tiempos son los tiempos; yo ya había estado cubriendo información parlamentaria en el Congreso y conocía las dinámicas", apunta a Efe para explicar su escepticismo.Sabía que la aprobación inicial del proyecto solo era un paso en un camino largo, pero reconoce que le sorprendió el "no" del PP, que en 2008 se había sumado al resto de grupos en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso para consensuar una nueva redacción del artículo 49.

"Más que un cambio de posición, espero que retome la posición que tuvo en un principio; si no, volverán a demostrar que solo hablan de la discapacidad para colgarse en una medalla en las elecciones", señala Bendito, que confía en que no se use este asunto como arma política.

UNA REIVINDICACIÓN DE 2004, PRIORITARIA EN 2022

Fue el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) el que en 2004 lideró la petición para reformar el artículo 49 y José Luis Rodríguez Zapatero el primer presidente que recogió el guante.

Pero, al tiempo que se planteaba eliminar el término "disminuidos", se apostaba por limitar los aforamientos o reformar el Senado y el sistema de financiación autonómica, un cajón de sastre para el que era difícil encontrar un acuerdo político.

Hace un año el proyecto, centrado solo en el controvertido artículo, vio finalmente la luz y CERMI ha decidido centrar su estrategia de acción política en ese reforma.

"Ésta es la legislatura en la que va a ocurrir; en lo personal estoy convencida", asegura a Efe la directora ejecutiva de CERMI, Pilar Villarino, quien apunta que ya han mantenido contactos con la nueva responsable de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro.

Villarino no quiere buscar responsables políticos del retraso del proyecto, asegura que tienen relación con todas los partidos y destaca el apoyo unánime que han recibido otros proyectos liderados por las asociaciones de personas con discapacidad.

"No cejamos en el empeño, estamos esperanzado de que ahora pueda llegar a buen puerto la propuesta", insiste.

UN ARTÍCULO PIONERO QUE HA PASADO A SER OFENSIVO

"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos", reza el artículo 49 de la Constitución.

Las asociaciones de personas con discapacidad admiten que fue pionero en su tiempo, pero coinciden en que, cuatro décadas después, se ha quedado obsoleto.

"Está redactado desde el punto de vista médico-rehabilitador y con una terminología superada, una vez aprobado en 2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", apunta Vicky Bendito.

El proyecto que se tramita en el Congreso da la vuelta a esa redacción, reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos y deberes, encarga a los poderes públicos garantizar su plena autonomía e inclusión social y se remite a los tratados internacionales ratificados en España para proteger a estas personas.