La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España y otros siete países comunitarios (Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal) para que transpongan plenamente las normas de la UE sobre peajes y viñetas para el uso de infraestructuras viarias.
La Directiva sobre la euroviñeta establece normas comunes para la imposición de tarifas basadas en la distancia (peajes) y tarifas basadas en el tiempo (viñetas), lo que permite a los países recuperar los costes de las carreteras (construcción, operación, mantenimiento).
Esa norma inicialmente era para camiones pesados, pero la modificación de la directiva en 2022 incluye coches, autobuses y autocares, así como los pequeños vehículos pesados.
La directiva revisada también exige a los países comunitarios que incluyan los costes medioambientales de la contaminación atmosférica en sus sistemas de tarificación para fijar tarifas basadas en las emisiones de CO2 de los vehículos, con el fin de reducir las emisiones y fomentar la utilización de vehículos pesados más limpios.
La fecha límite de transposición de esa directiva al ordenamiento jurídico nacional de los ocho países a los que el Ejecutivo comunitario ha enviado dictamen motivado fue el pasado 25 de marzo.
Ninguno de los ocho países mencionados ha comunicado las medidas de transposición, por lo que tienen ahora dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión Europea podría decidir llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Transportes dice que la trasposición de directivas europeas no supondrá nuevos peajes
El Gobierno español considera que la trasposición de dos directivas europeas, la Euroviñeta de 1999 y otra de 2022 que la revisó, no implica la creación de nuevos peajes ni la modificación del sistema tarifario vigente en las autopistas en régimen de concesión, han indicado a Efe fuentes del Ministerio de Transportes.
La trasposición de la directiva no implica la introducción de un sistema de tarificación distinto al vigente actualmente o tarificar algún tipo de vehículo o el uso de nuevas infraestructuras en la Red de Carreteras del Estado, según las citadas fuentes del Ministerio de Transportes.
Las mismas fuentes han recalcado que el Gobierno no tiene previsto aplicar nuevos peajes o modificar el sistema actual y han señalado que la trasposición de la directiva solo establece el marco en el que deben insertarse los peajes, en caso de establecer nuevos.
Asimismo, han explicado que el artículo 1 de la directiva introduce cambios en el método de cálculo de los peajes, como la obligatoriedad de incorporar los costes provocados por la contaminación a los peajes aplicados a los vehículos pesados, así como la posibilidad de internalizar los costes de congestión y los costes externos.
No obstante, las fuentes ministeriales han indicado que la introducción de este método de cálculo no implica cambios en los peajes actuales en las autopistas concesionadas.
Sí que han admitido que implicará la modificación del cálculo de los peajes en las autopistas que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) (que se hizo cargo de las nueve autopistas radiales que el Gobierno tuvo que rescatar por estar quebradas) para vehículos pesados, que han señalado que se determinará en función de muchos factores.