La Fiscalía pedirá cárcel para los responsables de accidentes mortales

El Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha anunciado que todos los conductores que provoquen un accidente de tráfico con resultado de muerte o heridas graves, serán imputados inicialmente por el delito de homicidio imprudente o lesiones, siempre que hayan cometido una imprudencia grave. En una rueda de prensa en la que ha ofrecido datos estadísticos sobre los delitos de seguridad vial, Vargas ha detallado cuatro de estos nuevos supuestos: conducir a más de 150 kilómetros por hora o con una tasa de alcoholemia superior a la permitida, utilizar el móvil mientras se conduce, no guardar la distancia de seguridad o circular sin respetar los tiempos de descanso.

Vargas ha recordado que el delito de homicidio imprudente está castigado con una pena de cárcel de uno a cuatro años y el de lesiones graves -como daños medulares, cerebrales o politraumatismos severos- con tres meses a tres años de prisión. "Se pretende elevar la respuesta penal" y "luchar contra lacras como la velocidad o el alcohol al volante", ha subrayado Vargas.

Estas nuevas imputaciones iniciales contra los conductores involucrados en accidentes graves han sido acordadas hoy en una reunión que ha mantenido Vargas con los responsables policiales de seguridad vial de toda España.

Además, en los casos más graves de accidentes de tráfico provocados por una imprudencia grave, la respuesta de los fiscales y la policía judicial será pedir el ingreso en prisión inmediato, el decomiso del coche y la intervención del permiso de conducir, ha comentado el Fiscal de Seguridad Vial, quien ha insistido en que la respuesta para evitar todo ello es la prevención.

EL 35.5% DE LOS PROCEDIMIENTOS INCOADOS LO SON POR EL ALCOHOL

Vargas ha detallado que del número de procedimientos incoados en 2010 -110.411-, cifra muy parecida a la del año anterior -110.558-, 71.181 casos corresponden a delitos por conducción etílica, que suponen el 35,5 por ciento del total.

Perseguir de forma más exigente a las personas que conducen en estado de embriaguez y el considerar delito la simple superación de la tasa de alcohol establecida legalmente son algunas de las razones por las que la Policía detecta más este tipo de delitos y que el pasado año aumentaran un 13 por ciento los procedimientos seguidos por conducción etílica, según el fiscal.

El delito de velocidad excesiva ha disminuido un 48 por ciento en 2010 -805 delitos- respecto a 2009 -1.542 delitos- por ciertas dificultades en su detección por parte de la Policía, como puede ser el que los agentes carecen a veces de aparatos cinemómetros o porque los conductores disponen de GPS que les avisan de los radares de velocidad.

Vargas ha expresado su respeto por el uso de GPS pero ha avisado de que tras pasar un radar, el conductor suele tender a aumentar la velocidad y ello no es detectado.

Otros datos de 2010 se han referido al aumento de los delitos por conducción temeraria, o el descenso en el número de personas que se niegan a que se les haga la prueba de alcoholemia y el de aquellos que conducen sin permiso.

600 PERSONAS EN PRISIÓN POR DELITOS DE TRÁFICO

En cuanto a los escritos de acusación, este año se han efectuado 46.230 y se espera finalizar con más de 100.000, cuando en 2010 se formularon 84.113, ha dicho Vargas, quien ha resaltado que del total de escritos llevados al juzgado de guardia, la mitad son por delitos contra la seguridad vial.

Vargas ha manifestado que en la actualidad hay cerca de 600 personas en prisión por este tipo de delitos, y que en 2011 se han dictado hasta el momento 35.021 sentencias condenatorias -en 2010 hubo 68.308-, de las que 345 pertenecen a homicidios imprudentes y lesiones graves.

En cuanto al decomiso de coches, el fiscal ha subrayado que desde noviembre de 2010 se ha pedido el decomiso de 342 vehículos, se han acordado en sentencia 212 y cautelarmente 129, y que el 60 por cientos de los coches decomisados lo fue por multirreincidencia en delitos contra la seguridad vial.

Vargas ha destacado por último el elevado nivel de cumplimiento de la ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, con cerca de 160.000 el pasado año.