La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado prisión provisional para la mujer que denunció por una presunta agresión sexual al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, y que fue detenida el martes 12 de diciembre, al estar reclamada en Brasil por un delito de homicidio en grado de tentativa.
Aline F.S.M. ha comparecido este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que debe decidir sobre su situación personal mientras se tramita el expediente de extradición a Brasil, donde está acusada por un supuesto intento de homicidio en 2022.
Durante su comparecencia, en la que la reclamada ha rechazado su entrega, la Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión provisional, mientras que su abogado, Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados, ha negado que haya riesgo de fuga por parte de su defendida, que reside en un piso de alquiler con amigos en Málaga y tiene trabajo.
La reclamada, que fue detenida este martes por la Guardia Civil en Málaga en base a esa orden internacional de detención cursada por Brasil, denunció en noviembre al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente del TC, por una presunta agresión sexual, aunque luego retiró la denuncia y renunció a posibles acciones civiles y penales derivadas de la misma.
En declaraciones a los medios, su abogado ha cuestionado que las Fuerzas de Seguridad no emprendiesen acciones contra ella en virtud a esa orden de detención internacional cuando fue a presentar la denuncia, y ha resaltado que su representada lleva residiendo en España desde enero y ha viajado en diferentes ocasiones a países cercanos registrándose en hoteles.
Ha criticado asimismo que la Fiscalía se haya limitado a pedir prisión provisional sin formular ninguna pregunta a su defendida, quien, ha indicado su abogado, cree que la presentación de su denuncia contra el letrado Conde Pumpido "tiene una conexión directa" con "el hecho de que se haya activado esa solicitud de entrega de las autoridades brasileñas".
El abogado Ospina ha añadido que su clienta se marchó "de manera voluntaria de Brasil" y que cuando llegó a España "no tenía ninguna obligación ni requisitoria".
Según informó ayer la Guardia Civil, la detenida está acusada en Brasil de un delito de homicidio en grado de tentativa perpetrado en 2022, cuando en el transcurso de una discusión habría asestado presuntamente varias puñaladas a un hombre, que tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos "con grave riesgo para su vida".
La operación se inició a finales de noviembre, tras recibir la Guardia Civil información sobre estos hechos por parte de las autoridades brasileñas.
Una vez activada la requisitoria internacional se realizaron gestiones para su localización y se constató que había sido vista por última vez en Madrid "tras retirar una denuncia en sede judicial por unos supuestos abusos sexuales contra su persona", lo que tuvo lugar el día 23 de noviembre.