Francia levantará en primavera de 2016 el veto a las donaciones de sangre de homosexuales

El Gobierno francés autorizará a partir de la primavera de 2016 las donaciones de sangre de homosexuales, lo que terminará con más de tres décadas de exclusión impuestas en la década de los ochenta, en plena psicosis social por el contagio del sida.

La ministra de Salud francesa, Marisol Touraine, ha anunciado este miércoles en una entrevista al diario 'Le Monde "el fin de un tabú y de una discriminación". "A partir de la primavera de 2016, nadie podrá ser excluido para donar sangre en función de su orientación sexual", ha confirmado.

Touraine ha avanzado que la medida impuesta en 1983 se irá levantando "por etapas". En una primera fase, ha explicado la ministra, podrán donar sangre "los homosexuales que no hayan tenido relaciones con otro hombre en los doce meses previos", mientras que en el caso del plasma podrán "si están en una relación estable desde hace cuatro meses o si no han tenido relaciones sexuales en ese mismo periodo".

Las autoridades sanitarias galas realizarán estudios a partir de estas primaras donaciones y, "si no hay riesgos", la normativa se convertirá en "general" al año siguiente. Los cuestionarios previos serán "reescritos" para "precisar" las condiciones previas a la extracción de sangre y determinar "prácticas de riesgo" para toda la población.

El presidente francés, François Hollande, prometió durante la campaña electoral levantar el veto, una histórica reivindicación de la comunidad LGTBI y de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. A principios de abril, los diputados también votaron una enmienda para reclamar el fin de la prohibición.

A raíz de una solicitud presentada por una corte gala, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció este año sobre la prohibición de donar sangre a los hombres que han tenido relaciones homosexuales y publicó una resolución de doble lectura.

Así, determinó que la prohibición vigente en países como Francia "puede resultar justificada", siempre y cuando las autoridades entiendan que "estas personas están expuestas a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves, como el VIH, y que no existen técnicas eficaces de detección o métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores".