La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha confirmado su intención de introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión. "Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no", ha recalcado.
La vicepresidenta ya había adelantado esta intención el pasado domingo en un entrevista en la que, preguntada por el sentido de la reforma que prepara el Ejecutivo, hizo referencia a la reforma que se había realizado en el Código Penal sueco "para decir que salvo que una mujer diga expresamente sí, su respuesta es no". "Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza sí es no", concretó hace dos días.
Durante su comparecencia este martes ante la Comisión de Igualdad del Congreso, ha recordado que está en marcha la revisión de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. "Necesitamos hacer una revisión que permita asegurar mejor, en términos de garantías, los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación delitos tan graves contra las mujeres" ha defendido.
A su juicio, la vinculación de los delitos de carácter sexual a la falta de consentimiento expreso es una manera de "blindarlos". "O es sí o es no, y que no haya interpretación posible", ha remarcado. En concreto, ha reivindicado que este es el modelo de Suecia y en el que está trabajando Alemania.
Para la ministra, si se relacionan estos conceptos se logrará "preservar" el respeto a las mujeres y a su sexualidad.
Además de la mejorar la formación de los jueces desde un enfoque de género, Calvo cree que la Justicia "se tiene que alejar de la mirada sexista" así como del "patriarcado" a la hora de interpretar las normas.
DEVOLVER A LOS AYUNTAMIENTOS LAS COMPETENCIAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Carmen Calvo, ha asegurado este martes 10 de julio que el Ejecutivo quiere iniciar las modificaciones legislativas necesarias para devolver las competencias de las políticas de igualdad y contra la violencia de género a los ayuntamientos, al tiempo que ha anunciado que hará "un esfuerzo presupuestario mayor" para luchar contra la violencia machista. Calvo ve "escasos" los 20 millones previstos para las entidades locales en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género --que contempla otros 100 millones para las comunidades autónomas y 80 millones del Estado en los presupuestos generales-- y ha apostado por "fortalecerlos", aunque no ha precisado cuánto se incrementará la partida.
A su juicio, los ayuntamientos deben centrarse en "hacer políticas de prevención" y "de amparo" a las mujeres víctimas de violencia de género. "Los ayuntamientos tienen que estar fortalecidos de políticas para este efecto y dotados de recursos económicos para tomar las primeras decisiones", ha argumentado, reclamando seguridad para las mujeres. "Hay fallos que se mejoran con recursos", ha remarcado.
Durante su intervención, Calvo también ha avanzado que, a partir de hoy, el Gobierno va a contabilizar a las mujeres asesinadas por este tipo de violencia de manera "global" y no se contarán anualmente como se hacía hasta ahora.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha cifrado en 945 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde que hay estadísticas sobre víctimas de violencia de género en España, a partir del año 2003. En cuanto a los niños y niñas asesinados por esta lacra, desde 2013 cuando empezaron a registrarse, se han contabilizado 25.
GESTACION SUBROGADA
Durante la comparecencia, el momento más tenso se ha producido en un cruce de acusaciones entre la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, quien ha pedido una rectificación y petición de disculpas por parte de Calvo tras "cosificar a las mujeres" al mostrarse contraria a la gestación subrogada. Asimismo, ha instado al Gobierno a aceptar los distintos modelos de familia que existen y ha recalcado que las mujeres "aparte de tener útero o no", tienen "una voluntad". Sin embargo, la ministra ha recordado que la ley la prohíbe, así como la rechazan el comité de Bioética de España, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. A su juicio, el ejercicio de esta práctica implica que algunas personas "entreguen sus derechos" para dar cumplimiento a los deseos de otros.
