Google Noticias prepara su regreso a España para principios del 2022

Google Noticias regresa a España en 2022, tras su cierre hace casi siete años por la llamada 'Tasa Google', que le obligaba a pagar de forma obligatoria por enlazar y mostrar cualquier contenido de los medios a la asociación Cedro, encargada de gestionar de manera colectiva los derechos de autor.

Es la primera consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley de derechos de autor en el país, que introduce cambios como la negociación individual de los creadores y medios de comunicación con los agregadores o un nuevo sistema de tarifas.

"Google Noticias dejó de funcionar en España el 16 de diciembre de 2014"

El anuncio lo realizó el miércoles pasado la directora general de Google Iberia, Fuencisla Clemares, a través de una publicación en el Blog Oficial de Google España y a través de Twitter.

La decisión de la tecnológica llega tras la transposición de la normativa europea de derechos de autor, aprobada el martes por el Consejo de Ministros, que permite a cada editor y titular de derechos gestionarlos, bien de manera individual mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

Con esta trasposición "fiel" a la normativa europea, la legislación española abre las puertas a Google

Claves de la nueva norma

Las agencias de noticias y medios de comunicación podrán negociar directamente con los agregadores de noticias (como Google o Facebook) la cantidad de dinero que les han de pagar por la difusión de sus contenidos, siempre que estas obtengan una autorización previa y el acuerdo entre las dos partes se haga con "buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia".

Si en esta cesión de derechos que hagan los medios de comunicación y autores a los agregadores hay una "manifiesta desproporción" entre la remuneración inicialmente pactada por el autor en comparación con la totalidad de los ingresos subsiguientes derivados de la explotación de las obras obtenidos por el cesionario o su derecho habiente, la Justicia tendrá la última palabra.

En cuanto la cuantía de las tarifas a pagar por las plataformas a los medios y creadores españoles, será la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de Cultura) la que ejercerá la función de determinación de estas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria y para los derechos de gestión colectiva voluntaria.

Los derechos reconocidos a las editoriales de prensa y agencias de noticias de España para el uso en línea de sus publicaciones por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información no se aplicarán a las publicaciones de prensa que se hayan publicado por vez primera antes del 6 de junio de 2019.

Cuando los titulares de derechos soliciten que se inhabilite el acceso a obras o prestaciones específicas suyas o que se retiren tales obras o prestaciones, justificarán "debidamente" los motivos de su solicitud.

Las reclamaciones presentadas se tramitarán en un plazo no superior a diez días hábiles y las decisiones de inhabilitar el acceso a los contenidos cargados o de retirarlos estarán sujetas a examen por parte de personas, esto es, sin intervención automatizada de robots u otros medios análogos.

Respecto a los algoritmos que usan las plataformas para las búsquedas de información, los requisitos se mantienen como hasta ahora, en cumplimiento de las actuales normas europeas sobre transparencia, por lo que Google y el resto de agregadores tendrán que seguir proporcionando la misma información sobre cómo funcionan sus búsquedas.

Con esta trasposición "fiel" a la normativa europea, como ha dicho el ministro de Cultura español, Miquel Iceta, España se puede mirar en el espejo francés, país donde esta ley está actualmente judicializada.

Desde plataformas como "Seguir Creando en digital" ya han adelantado que "posiblemente" que inicien acciones legales