Imagen del número ganador en una edición del Sorteo de 'El Niño' |
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El Sorteo del Niño, que tendrá lugar el próximo lunes 6 de enero, pone en juego cerca de 700 millones de euros. A partir de las 12.00 horas comenzarán a rodar las bolas y con la resaca del Sorteo de Navidad, los madrileños gastarán más de la media española y será la tercera Comunidad Autónoma donde más décimos se vendan.

Por su parte, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que el fisco ingresará 19,5 millones de euros por los premios del sorteo especial del Niño.

Esto siempre que se vendan todos los décimos del primer y segundo premio, lo que supone 4,5 millones de euros menos que el año pasado, un 18,7% menos, debido a que el mínimo exento de tributación se ha duplicado hasta los 40.000 euros. En esta edición solo se gravan los dos primeros premios, que ascienden a 200.000 y 75.000 euros, respectivamente.

Tributación de los premios

De esta manera, la pérdida de recaudación por cada uno de los décimos afortunados con los dos primeros premios será de 4.000 euros y con los del tercer premio, que este año no tributa, de 1.000 euros, por lo que los afortunados recibirán en este caso los 25.000 euros íntegros.

En este sentido, Gestha pide al Gobierno que envíe a las Cortes un proyecto de ley para la supresión de las nuevas cuantías exentas del gravamen especial sobre los premios que se aplicarán también a los de las Comunidades Autónomas, de la Cruz Roja y de la ONCE, que este año se duplicarán y provocarán una pérdida anual de recaudación superior a los 100 millones de euros.

Al día de hoy, Gestha señala que los agraciados que compartan un premio superior a los 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda el 20% de su participación. Los técnicos de Hacienda consideran que no existe "ninguna razón económica ni fiscal" que justifique que no tributen los mayores premios de loterías, así como que los premios por debajo de los 2.500 euros podrían permanecer exentos, volviendo a los límites vigentes entre 2013 y el 4 de julio de 2018.

Gasto medio en décimos

Cada español gastará una media de 18,21 euros en comprar décimos para el sorteo, lo que supone 0,18 euros menos que el año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los madrileños están por encima de la media con 18,36 euros y son la tercera comunidad que más décimos se venderá.

Las Comunidades Autónomas que previsiblemente más van a gastar por habitante este año y están por encima de la media son; Castilla y León, con una media de 27,79 euros, seguida de Asturias (27,28 euros) y Madrid es la octava comunidad con más gasto medio (18,36 euros).

Donde más lotería se va a vender previsiblemente es en la Comunidad Valenciana (126,26 millones de euros consignados), seguida de Andalucía (123,14 millones de euros) y en tercer puesto Madrid (120,78 millones de euros).

Cambio del impuesto sobre sociedades

A pesar de que los técnicos reconocen el aumento del mínimo exento resta atractivo a las malas prácticas de quienes desvían el cobro de premios a fundaciones y entidades parcialmente exentas o empresas en pérdidas, insisten en que para acabar con el fraude no hay que aumentar las exenciones y bajar los impuestos, sino combatir la elusión mediante una mejor investigación.

En este sentido, estiman que con el ritmo de grandes premios obtenidos por las empresas hasta octubre de 2019, las entidades habrán superado el 6% de los mayores premios de todos los sorteos del pasado año. Eso significará que las entidades jurídicas habrán ganado 127 millones en 2019 en unos 16.000 premios de Loterías de más de 20.000 euros cada uno, algo que "no tiene justificación".

De hecho, solicitan a la AEAT que abra un programa de investigación a las fundaciones, asociaciones y otras entidades parcialmente exentas que acumulan el 93,5% de los premios obtenidos por las personas jurídicas, y proponen una modificación del régimen jurídico para lograr una mayor transparencia de las cuentas y actividades que les otorga una fiscalidad privilegiada, de forma que se excluyan del régimen fiscal las fundaciones y entidades que no dediquen sus ingresos a tales actividades de utilidad pública o interés social.