El juez que investiga el secuestro durante siete meses de una niña en la selva boliviana ha imputado por un delito de abandono de la familia a los padres de la menor, que ha llegado a Barcelona y que, tras pasar reconocimiento médico, ingresará preventivamente en un centro de la Generalitat.
La menor, de origen marroquí y que tenía nueve años durante su cautiverio, ha llegado a las 09.30 horas al aeropuerto de Barcelona-El Prat, tras hacer escala en Madrid, acompañada por agentes de la Guardia Civil que participaron en su liberación en la selva amazónica, donde estuvo siete meses a la merced de Grover Morales -encarcelado en Bolivia-, que la trató como a su mujer y la forzó a trabajar.
Según han informado fuentes cercanas al caso, una vez en el aeropuerto, la chica, que acaba de cumplir los diez años, ha podido saludar a sus padres, con la supervisión de terceras personas y posteriormente ha sido trasladada al Hospital de Sant Joan de Déu para pasar una revisión médica.
En el aeropuerto, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han tomado una nueva declaración a los padres, que están a la espera de comparecer ante el juez de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que investiga el caso, que les ha imputado por un delito de abandono de familia.
De hecho, una de las principales incógnitas que quedan por resolver de este caso es por qué los padres autorizaron que la menor se fuera a pasar una semana de vacaciones con un vecino, al que conocían desde hacía pocos meses, ya que los investigadores pretenden aclarar si el hombre se la llevó bajo engaño o con la connivencia paterna, prometiendo algo a cambio.
A la espera de aclarar el papel jugado por los padres, el titular del juzgado de instrucción número 1 de L'Hospitalet de Llobregat ha acordado a instancias del fiscal que una vez que la niña abandone el hospital ingrese de forma preventiva en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat.
El juez, que no ha retirado la tutela de la niña a sus padres, ha requerido a la DGAIA para que le informe de forma "urgente" sobre la situación de la menor y la conveniencia o no de que vuelva a vivir con sus progenitores, que siempre han sostenido que el vecino les engañó.
Mientras la menor esté ingresada en el Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) de la Generalitat, donde recibirá atención psicológica, la chica podrá ser visitada por sus padres, pero siempre en un "entorno controlado", según ha determinado el juez.
El juez también ha acordado prohibir que la chica -en situación irregular en España al igual que sus padres-, salga de España sin autorización judicial previa.
Además, el juez ha decidido retirarle el pasaporte a la menor y, si no lo tiene, que no se le expida uno de nuevo.
La niña partió el pasado 27 de agosto hacia Bolivia junto a su vecino -que tenía antecedentes por abusos sexuales- y los padres no denunciaron su desaparición hasta el 5 de septiembre, cuando el hombre les llamó y les aseguro que demorarían su regreso porque había perdido la documentación de la pequeña.
En Bolivia, el secuestrador sometió a la niña a un infierno, según los agentes que la rescataron, debido a la dureza de la selva en época de lluvias, por la que hicieron interminables caminatas huyendo de la presión policial, a su incomunicación -porque no entendía el quechua- y por su sometimiento.
Además, hasta que fue liberada el pasado sábado 8 de marzo en un recóndito poblado de difícil acceso, con tan sólo una docena de chabolas, el secuestrador trató a la chica como si fuera su mujer, la obligó a trabajar en explotaciones cocaleras y a fabricar y vender zumos en mercados locales.
La madre de la niña negó ayer mismo, durante una concentración de apoyo a la familia, a la que acudieron conocidos suyos de la comunidad marroquí en L'Hospitalet, que hubieran acordado ningún tipo de transacción económica con el secuestrador.
Por su parte, fuentes del consistorio de L'Hospitalet de Llobregat, localidad donde vivían los padres y la niña secuestrada, han señalado a Efe que la familia es perceptora de servicios sociales municipales y han garantizado que les continuarán prestando apoyo, como a cualquier otra familia que esté necesitada.
