Juicio a un grupo criminal británico y sus falsas intoxicaciones en hoteles españoles

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha dictado un auto por el que procesa a ocho personas por delitos de estafa agravada y pertenencia a organización criminal en relación al presunto fraude masivo de intoxicaciones en hoteles de Mallorca.

El Juzgado ha dictado el auto de transformación al Procedimiento Abreviado, un trámite que en la práctica implica el cierre de la instrucción como paso previo a la apertura de juicio oral.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez concluye que hay indicios suficientes de delito y desestima la petición de archivo de la defensa de una de las principales investigadas, una empresaria británica de Magaluf.

En la resolución, la juez exonera a otra investigada al considerar que no hay indicios suficientes de delito contra ella, y también archiva la causa provisionalmente para otros tres, todos británicos, que se encuentran en paradero desconocido y no han podido ser localizados.

Intoxicaciones falsas

La juez concluye que entre 2016 y 2017 los ocho procesados formaron "una banda organizada" dedicada a recabar datos de turistas británicos alojados en régimen de todo incluido en hoteles de Mallorca.

Según las investigaciones, presuntamente convencían a los viajeros para que rellenando un formulario "hicieran constar falsariamente que habían estado enfermos durante su estancia" en el hotel, para así poder reclamar una indemnización económica en Reino Unido.

La legislación británica de aquel momento permitía presentar estas reclamaciones a través del touroperador hasta tres años después y como prueba bastaba demostrar que durante las vacaciones se había comprado cualquier medicamento contra dolencias estomacales, por ejemplo, sin necesidad de presentar justificante o pericial médica. A continuación los touroperadores abonaban la indemnización al consumidor y después la descontaban al hotel.

La juez señala como cabecillas de la trama a dos hermanos, un hombre y una mujer, que crearon una empresa dedicada a remitir los datos de los turistas a despachos de abogados de Inglaterra.

A los otros imputados los sitúa como captadores de los turistas: supuestamente daban instrucciones a los viajeros sobre los pasos que tenían que seguir al volver a Reino Unido, y cobraban un porcentaje de la reclamación obtenida.

Perjuicio económico

La juez estima que durante el periodo investigado el perjuicio para los touroperadores y hoteles "superó notablemente la cantidad de 200.000 euros".

En los inicios de la investigación la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) cifró la cuantía de la estafa en 50 millones de euros.

Una de las cadenas denunciantes acumula casi 800 reclamaciones pero sólo consta que solicitasen asistencia médica 38 huéspedes. Además todos los hoteles habían pasado las inspecciones de salud satisfactoriamente, "incluso la de los propios turoperadores quienes, pese a las reclamaciones efectuadas, continuaban contratando con los mismos hoteles en los años sucesivos".

En páginas web se ofertaba públicamente la posibilidad de obtener hasta 40.000 libras de indemnización, con un 98% de probabilidades de éxito y sin coste para el cliente.

Este presunto fraude motivó una operación de la Guardia Civil en 2017 (se bautizó como 'Operación Claims') con la que fueron detenidas siete personas de nacionalidad británica, los presuntos cerebros del fraude y se practicaron ocho registros en diferentes municipios de Mallorca.

Reino Unido cambia las leyes

El problema de las intoxicaciones falsas en hoteles no sólo ha afectado a Baleares, sino que también se ha dado en otras zonas de España como Canarias o Valencia.

El Gobierno británico promovió cambios legislativos tras detectar numerosos casos presuntamente irregulares: el número de personas que reclamaban por haber enfermado en vacaciones había aumentado más de un 500% en tres años, mientras que el número de casos de enfermedad notificados en el lugar turístico permanecía igual o era inferior.