Juzgan a una cuidadora acusada de sedar a varios bebés en Vigo

La mujer que fue cuidadora de la guardería de Vigo La Camelia y que está acusada de haber sedado en 2010 a varios bebés de menos de un año, los cuales resultaron intoxicados, ha negado haberles suministrado trankimazin a los menores y ha asegurado que, de la medicación encontrada en su domicilio, las pastillas que pudieran faltar las había consumido ella, pues le habían sido recetadas por su médico.

El juicio contra la mujer, N.V.G., comenzó este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo, donde declaró que la relación que tenía con sus compañeras de trabajo era normal, que la directora del centro "tenía cierta obsesión con que los niños no lloraran" y que no sabía si alguien en la guardería pudo haber suministrado el producto.

La acusada, para quien el ministerio público pide penas de 14 años de prisión por un delito contra la salud pública y otros cinco de lesiones, justificó las contradicciones en las que incurrió durante la instrucción de la causa, pues había negado consumir el citado medicamento mientras que este lunes aseguró que sí lo tomaba. Así, afirmó que al tratarse de un fármaco "muy conocido", tenía "miedo de que pensasen que estaba loca" y que pudiese afectar su puesto de trabajo.

N.V.G. reconoció que había adquirido tres cajas de trankimazin en la farmacia, lo que hace un total de 90 comprimidos y aseguró hasta en tres ocasiones que las pastillas que pudieran faltar cuando se registró su casa -se encontraron 75 comprimidos del medicamento y hasta 10 mitades-- se las había tomado ella. De igual forma, aseguró que no tomaba esa medicación en la guardería y que no llevaba las pastillas en su bolso.

Además, explicó que durante la fase de instrucción tampoco había dicho que su madre consumía el mismo medicamento "para protegerla" y, preguntada sobre una queja por cortar el pelo a un niño en una guardería donde había trabajado anteriormente, afirmó que a ella no se le notificó nada de la citada queja y que el despido había sido por "acuerdo" entre ella y la dirección.

DIRECTORA

En la sesión de este lunes también declaró la directora, A.V.G., a quien la Fiscalía considera responsable civil subsidiaria, y quien aseguró que la mujer ya había trabajado en anteriores ocasiones y que, además de entrevistarla, había pedido referencias a una guardería en la que había estado anteriormente y que no le habían comentado nada extraño. "Si te dicen algo especial eres la primera en decidir que no coges a esa persona", explicó.

La directora del centro describió a la acusada como una persona "bastante callada, sensata, que tenía bien a los niños y el aula limpia" y aseguró que era "impensable" que pudiera "pasar algo así". De hecho, manifestó que ninguna cuidadora le había realizado ningún comentario sobre algo extraño. "Ojalá nos hubiésemos dado cuenta", afirmó.

En todo caso, indicó que el centro que dirige lleva existiendo 22 años y la mayoría del personal es fijo, mientras que la acusada había entrado "unos 18 o 20 días antes". "*Alguien puede poner la mano en el fuego por su personal? No sé, yo apuesto por ellos", aseguró la propietaria, al tiempo que explicó que había desconfiado de ella porque había sido la última en comenzar a trabajar en el centro.

La directora afirmó que la acusada se quedaba algunos momentos "totalmente sola" con los bebés y que la había contratado en marzo de 2010 porque ya había trabajado antes y había quedado contenta con ella. Sobre la entrevista, explicó que la mujer le había dicho que le gustaba trabajar con niños y pensó entonces que era la persona que necesitaba.

Asimismo, tras asegurar que en el botiquín de la guardería no hay medicamentos como el trankimazin, explicó que, a raíz de los hechos el alumnado de su centro se ha reducido prácticamente a la mitad y ha tenido que prescindir de empleados. Concretamente, indicó que se pasó de unas 21 o 22 trabajadores para 100 o 110 alumnos de principios de 2010 a tener ahora 11 empleados y "50 y algo o 60 alumnos".

CUIDADADORAS

La primera sesión de la vista oral, que se prolongó durante más de cinco horas, también incluyó la declaración de dos cuidadoras que trabajaron con la acusada, quienes aseguraron que no habían visto en ella "nada fuera de lo normal", si bien explicaron que uno de los bebés el 12 de marzo durmió dos horas de siesta, más de lo habitual en él, pero que en aquel momento no sospecharon nada, y le dejaron dormir y no le despertaron para la merienda.

Una de las cuidadoras explicó además que una niña se fue "malita" un día de la guardería y que lo achacaron a que estaba mal de un oído si bien, tras conocer que ella había sido uno de los 9 bebés intoxicados, supuso que "era otra cosa".

Por otra parte, dos directoras de guarderías donde trabajó la acusada también coincidieron en señalar que el comportamiento de la acusada era "correcto" y explicaron que en esos centros ella había estado trabajando con otras compañeras, pero no tenía un aula a su cargo.

Sobre la directora de La Camelia, una de ellas, Esmeralda de Saa, aseveró que "es una gran profesional que no se lo merece, porque le han hundido la empresa". No obstante, esta misma mujer indicó que a raíz de la crisis ha habido casos de guarderías donde ha descendido el número de alumnos o que incluso han cerrado. En el caso de la suya, precisó que se mantienen la cantidad de niños pero que ha bajado la recaudación.

PENAS

En cuanto a las penas solicitadas por las partes, la Fiscalía pide para N.V.G. cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública, con inhabilitación por igual tiempo para trabajar con menores, y una multa de 300 euros; además de un total de 10 años por cinco delitos de lesiones --dos años por cada uno-- e inhabilitación por igual tiempo.

Además, solicita indemnizaciones de 1.000 euros para los casos de lesiones y daños morales y de 500 euros para los de daños morales. También considera que la guardería y la aseguradora son responsables civiles subsidiarios.

La acusación particular la ejercen padres de tres de los bebés afectados. Unos piden castigo de 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación durante 10 años por un delito contra la salud pública con agravante de abuso de autoridad y solicitan una indemnización de 10.000 euros.

Otros padres piden 3 años de cárcel y una multa de 10 euros diarios durante 12 meses por un delito contra la salud pública, con agravante de abuso de superioridad, y una indemnización de 10.000 euros. Los terceros padres piden penas por delitos de lesiones y contra la salud pública que alcanzan los 7 años de prisión e indemnizaciones de 15.000 euros.

Finalmente, la defensa de la acusada pide la libre absolución y la de la guardería también --en su caso es sobre la responsabilidad civil subsidiaria--. Por su parte, la defensa de la compañía aseguradora manifestó su conformidad con las peticiones de responsabilidad civil de la Fiscalía pero juzgó excesiva la de las acusaciones particulares.

El juicio continuará este martes, pues todavía quedan por declarar psiquiatras y psicólogos, otro tipo de médicos, incluidos los forenses; funcionarios del Instituto Nacional de Toxicología e inspectores de la Xunta, entre otros.