La Fiscalía pide instalar pulseras telemáticas a los agresores sexuales de la forma "más inmediata posible"

La fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, ha indicado que la instalación de pulseras telemáticas a agresores sexuales se debería hacer "lo más inmediato posible" tras la autorización judicial, teniendo en cuenta que "hay que atender a la dispersión geográfica" y que "hay que dar tiempo a los técnicos para su instalación".

Peramato ha explicado que la colocación de pulseras de control telemático a los agresores sexuales beneficiados por la Ley del 'solo sí es sí' "no tiene nada que ver con la aplicación" de la pena, sino con "el control" de las medidas de alejamiento y la necesidad de proteger a las víctimas.

Así ha respondido Peramato, antes de entrar a la sala del Congreso en la que ha comparecido ante la subcomisión que trabaja para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al ser preguntada por si la aplicación de estas pulseras es una solución para revertir el hecho de que haya delincuentes sexuales beneficiados por la nueva ley.

Del mismo modo se ha expresado al ser preguntada por si esta medida podría suponer una violación de derechos del agresor. En este sentido ha explicado que el dispositivo "no es ni pena, ni medida", sino "una herramienta para controlar el cumplimiento" y que "si hay una limitación de la libertad" para el agresor, esta "ya ha sido acordada". "Lo que se hace es asegurar la vigilancia del cumplimiento o pena, por lo que no supone ninguna otra limitación", ha apuntado.

En declaraciones a los medios, la fiscal de Sala ha confirmado que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género informó a su órgano de la disponibilidad de pulseras telemáticas para las víctimas de violencia sexual y que se informó de ello a "todos los fiscales".

Peramato ha señalado, además, que esta medida puede ser solicitada por la propia víctima, a través de su representación legal, o de los fiscales. Pero también ha indicado que es indispensable que el juez o el tribunal den su autorización.

"Cuando surge la necesidad de proteger a las víctimas, es necesario que los órganos judiciales actúen y si hay una medida cautelar o una pena de prohibición de aproximación y se detecta que hay un riesgo más alto de posibilidad de incumplimiento, la instalación de esta herramienta es muy buena para controlar el cumplimiento y aportar mayor seguridad a las victimas", ha declarado.