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Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha anunciado este sábado que va a emprender una serie de acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental relacionado con el caso de su hijo, el cual contaría con la participación directa de su asesina pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).

"Le diría a Ana Julia Quezada, que por respeto a su padre y a la memoria de Gabriel, no lo hagas", ha manifestado la madre del pequeño en una de las pocas ocasiones en las que durante su comparecencia, en la que ha estado acompañada de su psicólogo, Francisco Martín Murcia, ha nombrado a la mujer que acabó con la vida de su hijo, a la que pediría que "no vuelva a ponerse un micrófono" para hablar del caso que tuvo lugar hace ya seis años ya que, de lo contrario, volverán a denunciarla por "lesiones" y un presunto delito "contra la integridad moral".

Visiblemente afectada ante una nueva comparecencia pública, Patricia Ramírez ha explicado que cuenta con indicios suficientes para saber que durante los últimos meses una productora, cuyo nombre ha declinado revelar, estaría preparando un 'true crime', para lo que habría conseguido entrevistas con Ana Julia Quezada, con dos encuentros incluso durante la última semana, según ha advertido, pese a sus intentos por denunciar dicha situación tras haberla puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

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La madre del 'pescaíto' ha especificado que las querellas que se van a interponer en los próximos días por un presunto delito de cohecho se dirigirán tanto a funcionarios de prisiones, que habrían facilitado esas entrevistas "sin permiso" de sus superioridad, y otras personas relacionadas con la presa "fuera de la cárcel", así como contra la propia Ana Julia Quezada y contra Instituciones Penitenciarias, de manera subsidiaria.

Patricia Ramírez ha asegurado ha tratado, en calidad de víctima, contactar con el juez de Vigilancia Penitenciaria para hacerle llegar las "irregularidades" sobre lo que ocurre en prisión, ya que, según ha afirmado, la interna incluso tendría en su poder un teléfono móvil que facilitaría determinadas grabaciones, así como sobre la responsabilidad civil que aún no está resuelta y que asciende, en total, a medio millón de euros a favor de los padres.

"La contestación fue denegarme la personación, que pudiera comunicarme con ellos y presentar un recurso", ha apuntado ante la última respuesta recibida durante la noche de este mismo viernes en el acto celebrado en el Palacio Provincial de Almería, el cual acogió en su día la capilla ardiente de Gabriel Cruz donde fue despedido por "miles de personas" y que ha sido elegido de nuevo para "honrar su memoria".

La mujer ha explicado el periplo vivido por ella y el padre de Gabriel, Ángel Cruz, en los tres últimos años cuando, por primera vez, un "grupo multimedia" acudió a Almería a informarles de la intención de hacer un documental con Ana Julia Quezada a propuesta de su abogado, el letrado Esteban Hernández-Thiel, a quien ha señalado como el gestor la proyecto.

Patricia Ramírez ha indicado que ese proyecto inicial se paralizó por la presión social que movilizó al respecto, toda vez que durante este tiempo se han producido una serie de hitos legislativos con la inclusión en la Ley Orgánica de Protección del Menor de un artículo para hacer constar el consentimiento expreso de los padres a la hora de usar la imagen de menores, incluso fallecidos, u otras figuras de protección del honor de menores en la leyes autonómicas.

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Asimismo, ha explicado su rechazo a exponer de nuevo la imagen de su hijo en otros proyectos audiovisuales enfocados a dar su opinión sobre la prisión permanente revisable así como las acciones realizadas para retirar otros productos, como un pódcast de un medio de comunicación, que se denunció y acabó con el archivo del caso.

"PAGARLA PARA QUE NOS VEJE"

También ha detallado las iniciativas emprendidas tras enterarse, hace un año y medio aproximadamente, que a Ana Julia Quezada se le había concedido un permiso para grabar dentro de la cárcel únicamente en formato audio bajo el argumento de que se obtendrían "ciertos beneficios" que, según habrían justificado, a la postre servirían para hacer frente a las responsabilidades civiles.

"Pagarla para que nos veje", ha resumido Patricia, quien ha criticado que durante este tiempo aún no se ha depurado la situación económica de Ana Julia Quezada al no haberse investigado sus bienes en República Dominicana ni su estado actual. Aquello dio lugar al inicio de contactos para personarse como víctima.

Según la información que maneja la madre de Gabriel Cruz, desde al menos noviembre del pasado año se estaría grabando "un documental dentro de la prisión con la asesina" ante lo cual, acabó por reunirse el 27 de diciembre del pasado año con el secretario de Estado de Seguridad y con el secretario general de Vigilancia Penitenciaria, a quienes hizo constar que la presa contaba con un teléfono móvil y con dinero que le habrían hecho llegar bajo la "complicidad" de los funcionarios en sucesivos vis-a-vis.