La pobreza severa en España afecta a casi 4 millones de personas

El riesgo de pobreza o exclusión social -tasa Arope- en España pasó del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, hasta alcanzar a 12,7 millones de personas, 400.000 más de un ejercicio a otro, y la pobreza severa afecta a casi cuatro millones de personas.

Además, la tasa de pobreza infantil se elevó del 27,8% hasta el 28,9%, lo que se traduce en que unos 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes están en riesgo de pobreza.

Así lo desvela el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ presentado este martes en rueda de prensa por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y según el cual la situación “sería peor sin la acción protectora del Estado”, que, a su juicio, “consigue evitar que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza”.

Según el informe, el riesgo de pobreza o exclusión social subió medio punto en 2023 debido sobre todo al encarecimiento de la vida, como muestra el componente de privación material y social severa de la tasa Arope.

Los otros dos indicadores de la tasa -riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo-, se han mantenido “prácticamente estables”, si bien, según la red, “preocupa” que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, “con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo”, consciente de que la “feminización de la pobreza es un problema estructural”, teniendo en cuenta que hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que de hombres.

A su vez, el 37,1 % de los hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y casi la mitad de la población (48,7%) presenta “dificultades para llegar a fin de mes”.

Pobreza severa

Por lo que respecta a la pobreza severa, que afecta a la población que vive en hogares con ingresos inferiores a 611 euros al mes, mejoró en 2023 y, según el informe, “prácticamente alcanza el cumplimiento proporcional de los objetivos anuales de la Agenda 2030”, pese a que “afecta todavía a 3,9 millones de personas”.

Pese a lo “preocupante” de las cifras, EAPN-ES recalcó que la situación “sería mucho más grave sin la acción protectora del Estado”, que, a su juicio, “consigue evitar que 10,6 millones de personas entren en situación de pobreza y unos 2,4 millones, en pobreza severa”.

Junto a ello, destacó el “papel imprescindible” de las pensiones públicas como factor de “sostenimiento” de la “calidad de vida” de la población y calculó que, “por sí solas, reducen el riesgo de pobreza en 16,4 puntos, es decir, unos 7,8 millones de personas”.

Familias monoparentales

En este contexto, la red advirtió de que “la peor parte se la llevan las familias con menores”, a quienes, a su entender, “afecta muy duramente el incremento del coste de la vida”, lo que se “traduce” en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8% hasta el 28,9 %, con unos 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes que se encuentran “en riesgo de pobreza”.

En este sentido, EAPN-ES hizo hincapié en que “no hay menores pobres sin hogares pobres” e insistió en que “nacer en un hogar vulnerable aumenta las posibilidades de ser pobre en edad adulta”.

Para la red, “preocupa especialmente” la situación de los hogares monoparentales, la mayoría de los cuales (el 80,7%) están encabezados por una mujer, dado que más de la mitad (52,7%) está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 49,2% de 2022.

El encarecimiento de la vida derivado de las últimas crisis ha afectado “especialmente” a estas familias, hasta el punto de que el 26,5% no puede mantener su vivienda a una temperatura “adecuada” y el 55,4% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.

Impacto social del alquiler

En paralelo, el estudio también muestra el “impacto social” de la actual crisis de los alquileres y denuncia que el precio medio del alquiler “se ha incrementado cerca de tres veces más que la renta por persona”, lo que supone “un esfuerzo económico mayor y un agravante de la pobreza”.

En concreto, en 2023, la tasa de pobreza entre quienes vivían de alquiler a precio de mercado (33,1%) duplicó a la de quienes disponían de una vivienda en propiedad (15,8%). Además, vivir de renta es “más frecuente” entre las personas en pobreza y una de cada tres personas pobres reside en una vivienda arrendada, un 33,3% frente al 15,7% que no son pobres.

Además, los retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca son el triple entre las personas en pobreza (afecta a un 25,2%) y en el caso de los retrasos en el abono de suministros, todavía afecta a dos de cada cinco personas en pobreza (20,6%).

En cuanto a la pobreza energética, alcanza “máximos históricos”, con un 43,1% de las personas pobres que presenta “dificultades” para mantener su vivienda lo “suficientemente” fresca en verano y un 38,5%, cálida en invierno.

Empleo

Por lo que se refiere al empleo, el pasado ejercicio, cerca de 2,5 millones de personas trabajadoras eran pobres y la investigación muestra que tener empleos precarios, tanto en temporalidad como en parcialidad, duplica el riesgo de pobreza y que cerca de una de cada tres personas pobres tiene un trabajo remunerado (el 32%).

Con relación a la brecha de género, además de una mayor tasa de desempleo (13,8% frente a 10,6% en 2023), las mujeres triplican la tasa de empleo parcial de los hombres (21,1% frente a 6,6%) y tienen menos ingresos, tanto en salarios como en pensiones y los hombres cobran un 18,6% y un 48,6% más, respectivamente.

Por su parte, el desempleo y la precariedad se “ceban” también entre la población joven y la tasa de temporalidad de las personas ocupadas de 16 a 29 años es más del doble que la registrada a nivel general (34,7% frente a 15,7%), mientras que una de cada cuatro tiene un empleo a jornada parcial.

Respecto al paro juvenil, “excede con mucho” a la cifra de la población total, con un 21,4% frente al 12,2%, una situación que “deriva” en una “problemática de pobreza” entre la juventud que la red juzga “muy preocupante” y que afecta a más de 1,5 millones de jóvenes.

“Imprescindibles pero insuficientes”

Tras reiterar que la pobreza y exclusión social en España “serían mucho más graves de no contar con el papel protector del Estado”, la red defendió que las políticas impulsadas frente a las últimas crisis “han supuesto una vía de contención, demostrando que, en materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe ningún margen de retroceso a ningún nivel competencial, incluido el Parlamento Europeo que saldrá elegido en las próximas elecciones del 9 de junio”.

EAPN-ES ha presentado un documento con doce medidas que ve “prioritarias” de cara a los comicios europeos, que incluye propuestas para desarrollar políticas de ingresos mínimos, acceso a una vivienda “asequible y adecuada”, empleos y salarios “dignos” y lucha contra la discriminación.

A nivel estatal, la red aboga por “aumentar” la “intensidad y extensión” de las políticas implementadas en los últimos años y por el “impulso” de un Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza “que cuente con el consenso de todo el arco parlamentario”.

Asimismo, “de manera urgente y dada la situación que afrontan miles de familias por el encarecimiento de la vida”, la EAPN-ES insta al Gobierno a que prorrogue las medidas del escudo social que concluyen el próximo 30 de junio, “especialmente las enfocadas a colectivos más vulnerables”.

“Entre ellas, mantener las rebajas del IVA en alimentos y bienes de primera necesidad, los descuentos reforzados del bono social y la prohibición del corte de suministros”, apostilló la red.

Para la entidad, la situación mostrada por el informe “nos aleja aún más del cumplimiento de los compromisos adquiridos por los diferentes Gobiernos en el marco de la Agenda 2030”, teniendo en cuenta que, en el caso de la tasa Arope, debería ser 5,5 puntos porcentuales más baja, lo que implica que 2,6 millones de personas “deberían haber salido ya del riesgo de pobreza o exclusión social”.