Vecinos de la localidad de Belorado en Burgos esperan el comienzo de una misa, que finalmente no se ha celebrado, en el monasterio de las Clarisas de Belorado | EFE
(Actualizado

La comunidad religiosa de Clarisas de Belorado en Burgos y Orduña (Vizcaya) ha decidido abandonar la Iglesia Católica para pasar a estar bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco y su llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que no están en comunión con Roma y cuyo fundador fue excomulgado en 2019.

Aquella excomunión la decretó el entonces obispo de Bilbao, Mario Iceta, quien ahora, en su condición actual de arzobispo de Burgos, ha puesto en conocimiento de la Santa Sede la intención de esta comunidad de religiosas de abandonar la Iglesia.

Además ha dado orden al capellán de que no celebre la eucaristía en el monasterio por el momento.

En un comunicado suscrito por sor Isabel de la Trinidad, la abadesa de esta comunidad formada por dieciséis monjas, reconoce como último pontífice válido a Pio XII y acusa a los papas posteriores de herejía.

La venta de un convento, origen del conflicto

El origen de su decisión es la "persecución" que, según denuncian, sufren por parte de superiores, pastores, hermanas y sacerdotes como ejemplifica, según su comunicado, la decisión de Roma de "bloquear" su solicitud para poder vender un convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio, en Vizcaya, para poder así hacer frente a la compra del monasterio de Orduña, perteneciente a la Diócesis de Vitoria y con la que tenían un acuerdo de compraventa.

Al no obtener el permiso para vender el monasterio de Derio, plantearon como alternativa que un comprador ajeno a la orden abonara el millón de euros que queda pendiente para la compra del monasterio de Orduña, para que, cuando ellas pudieran devolver ese dinero, el benefactor transfiriera el convento a las Clarisas.

Sin embargo, la operación no se llegó a cerrar ante las dudas de la Diócesis sobre la identidad del comprador interpuesto, lo que motivó la rescisión del acuerdo de compraventa por parte de la Diócesis de Vitoria.

Desde la comunidad de Belorado se pidió entonces una indemnización de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas, una reclamación que está actualmente en los tribunales.

En el comunicado, las clarisas de Belorado sostienen que las propiedades deben ser "muy golosas" para algunos, porque son el telón de fondo de artimañas que aseguran que han sufrido en los últimos años, que califican de ‘modus operandi’ para desmontar comunidades "de línea tradicional" y quedarse con sus inmuebles para venderlos.

Por su parte, monseñor Iceta ha pedido a los fieles que se abstengan de participar en ningún acto litúrgico en los monasterios de Santa Clara de Belorado y Orduña y ha advertido de que si las religiosas confirman su decisión de abandonar la disciplina de la Iglesia podrían ser acusadas de un delito de cisma que podría ser sancionado con la excomunión.

De hecho, esta tarde está prevista una eucaristía en el monasterio de Belorado que va a oficiar un supuesto sacerdote que no está acreditado como tal en la Iglesia.

Los arzobispados, sorprendidos

Monseñor Iceta ha asegurado que hasta ahora no ha recibido la carta ni el manifiesto de las clarisas y su intención es hablar con la abadesa, que no ha atendido hasta ahora sus llamadas telefónicas.

El Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su sorpresa por el anuncio de esta comunidad religiosa y recuerdan que nunca han manifestado ninguna inquietud.

Además, añaden que no han recibido ninguna comunicación oficial sobre la decisión de las religiosas y sobre su comunicado rechazan sus acusaciones.

Respecto a la licencia de venta del Monasterio de Derio (propiedad de las clarisas de Belorado desde abril de 2013 cuya comunidad fue trasladada al Monasterio de Orduña el 28 de octubre de 2020), recuerdan que ni es competencia del Arzobispo de Burgos ni de la presidenta federal. Además, ni en el Arzobispado de Burgos ni en el Obispado de Bilbao se ha recibido ninguna comunicación ni petición a este respecto.

Añaden que ni los "pastores" (término genérico utilizado por el comunicado de las religiosas) ni la presidenta federal son competentes para impedir los pagos ni para rescindir el contrato de compraventa, que es competencia de las partes contractuales.

Por otra parte, recuerdan que el 13 de abril de 2024, la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu (Provincia de Cantabria – Hermanas Clarisas), a la que pertenece la comunidad de Belorado, pidió una reunión urgente con el Arzobispo de Burgos y fue recibida esa misma mañana, poniendo en su conocimiento la sospecha de una posible comisión un delito de cisma según el Código de Derecho Canónico.

El arzobispo de Burgos firma un decreto de apertura de la investigación previa por los hechos comunicados, el 24 de abril de 2024, conjuntamente con los obispos de Vitoria y Bilbao. Asimismo, lo comunica a la Santa Sede, contando con su aprobación.