Las monjas de Belorado llaman a la Guardia Civil para impedir el acceso del Comisario Pontificio

Las monjas del monasterio de Santa Clara en Belorado (Burgos), que el pasado 13 de mayo anunciaron su renuncia a la Iglesia Católica, han llamado este jueves a la Guardia Civil para rechazar a una delegación enviada por el Comisario Pontificio que pretendía acceder al interior para dialogar con las religiosas.

En representación del Comisario Pontificio, designado por la Santa Sede y coordinado por la archidiócesis de Burgos, se han acercado este jueves al monasterio de Belorado la monja Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen las religiosas de Belorado.

La secretaria ha pretendido, sin éxito, hablar con la comunidad (quince contemplativas), establecer una línea de interlocución especialmente con las más mayores, han informado fuentes de la archidiócesis de Burgos.

Carmen Ruiz ha acudido en compañía de Rodrigo Sáiz, apoderado del Comisario Pontificio, para comunicar a las disidentes las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de monasterios, y también de Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico, para notificar todo lo relativo a la apertura del proceso canónico a que ha dado lugar esa declaración de abandono de la Iglesia Católica.

En apoyo del notario eclesiástico, la archidiócesis de Burgos había solicitado la asistencia de una notario civil, María Rosario Garrido, para cursar los requerimientos oportunos y que ha sido la única persona a la que se ha permitido acceder al interior del cenobio para cumplir con su cometido, mientras que los restantes han tenido que permanecer en el exterior.

Tras ser atendidos en el torno, han recibido la negativa de la madre abadesa, sor Isabel, a celebrar un encuentro y sólo se ha permitido el acceso a la notario quien le ha entregado todos los requerimientos, tanto civiles como eclesiásticos.

Ante la Guardia Civil, avisada por las monjas, el apoderado del Comisario Pontificio se ha identificado antes de abandonar la zona, mientras que los agentes han practicado diligencias preventivas de lo ocurrido, para lo que se han entrevistado con las religiosas, según las mismas fuentes.

El arzobispado de Burgos, después de lo acontecido, ha constatado públicamente la "nula intención" de la comunidad religiosa "de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo".

No obstante, añade la nota difundida por el arzobispado, el Comisario Pontificio, denunciado por las monjas refractarias ante la Policía Nacional en Logroño, "mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución".

Fuentes del Arzobispado han indicado a los medios de comunicación que cada religiosa responde de sus actos, de ahí la importancia de que Iceta hable con cada una de ellas antes de firmar un decreto de excomunión que eleve a oficial algo que, de facto, ya es un hecho, pues con su comportamiento las religiosas se habrían autoexcomulgado, aseguran las fuentes.

Sin embargo, el Arzobispo tiene que darles la posibilidad de retractarse y solo cuando las religiosas se reafirmen en su decisión se firmaría el decreto de excomunión, que no se puede aplicar a un grupo completo, sino que es individual.

Por ese motivo, se mantiene abierta la vía del diálogo pese a la denuncia interpuesta por las religiosas la pasada semana contra Iceta al que acusan de abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho fundamental de libre asociación.